En Burgos lo tienen claro. No están dispuestos a que 2016 se convierta en el año de comienzo del fracking en su territorio. Tampoco quieren ver la Comarca de las Merindades convertida en la primera de toda España en la que se instalen los temidos pozos de exploración. Hasta 12 pozos contemplan los proyectos Sedano y Urraca, que han puesto en “pie de guerra” a ganaderos, agricultores, vecinos y asociaciones del norte de Burgos.



En el informe de Greenpeace: Radiografía social del medio ambiente en España, ya destacábamos la movilización anti-fracking de Burgos como uno de los ejemplos más positivos en Castilla y León, una comunidad que por cierto puede presumir de ser líder en la generación de energía renovable.

En este informe se recogía también el impulso de legislaciones autonómicas que diferentes gobiernos han sacado adelante con el objetivo de prohibir el fracking o fijar moratorias en su territorio. Es el caso de Cantabria, La Rioja o Navarra. Tras la publicación del informe, la lista de gobiernos autonómicos o provinciales que se han posicionado firmemente contra el fracking ha seguido aumentando: Euskadi, Castellón, o más recientemente Castilla la Mancha.



Pero, ¿qué ocurre en Castilla y León? La prohibición del fracking ¿para cuándo? esta es la pregunta con la que salieron a la calle miles de personas en una marcha que recorrió hace unos días los 5 kilómetros que separan las localidades de Villarcayo y Medina de Pomar. Y no ha sido la única acción de protesta. Pancartas anti-fracking en coches y ventanas, mensajes en la vuelta ciclista, murales artísticos, jornadas divulgativas, un manifiesto firmado por 150 asociaciones e instituciones, miles de firmas...o la publicación digital “Caminos del agua” que muestra a través de la fotografía la belleza de parajes donde el agua es la protagonista, un recurso que se podría ver amenazado si los proyectos de fracking se convierten en una realidad.
 
Las voces contra el fracking son ya un clamor. Las poblaciones afectadas no están dispuestas a asumir los riesgos asociados a esta peligrosa técnica. Porque saben que contamina el aire y el agua, afecta a la salud de las personas, conlleva riesgos de explosión y escapes de gas. Además, aumenta la sismicidad, lo que supone un peligro añadido en las cercanías de centrales nucleares, como es el caso de la Central Nuclear de Garoña. De hecho, el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha pedido que se instale una red sísmica en las zonas de sondeo mediante fracking que se pretenden situar en un radio de unos 30 km de la central.



El gobierno actual se ha quedado solo en su defensa del fracking. Mientras tanto, las asambleas, plataformas y organizaciones sociales y ecologistas se movilizan a la espera de que el gobierno prohíba la técnica del fracking, como han hecho ya otros países como Alemania, Francia o Escocia. El futuro modelo energético debe basarse en un sistema 100% renovable para combatir con éxito el cambio climático y proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

Fotos cedidas por la Asamblea anti-fracking de las Merindades de Burgos. #FrackingNO

- ¿Qué es el fracking?