Ayer amanecíamos con la noticia de que BNK, la principal compañía interesada en desarrollar el fracking, está valorando retirar sus proyectos también en España. Tras abandonar sus inversiones en Polonia el pasado mes de febrero, ya solo le queda nuestro país para exportar a Europa su controvertido negocio y continuar haciendo caja con esta técnica aquí, a pesar de los problemas ambientales y sanitarios que causa. Ahora todo está a punto de caer.



BNK tenía puesta la mirada en el norte de Burgos, concretamente en los permisos denominados Urraca y Sedano de 948 y 348 km2 de extensión, respectivamente. A falta aún de las autorizaciones ambientales para operar, parece que la oposición vecinal y política al fracking están haciendo desistir a la empresa.

El norte de Burgos lleva años viviendo con la amenaza de ver su territorio sembrado de torres de perforación para buscar gas mediante la agresiva y controvertida técnica de la fractura hidráulica. En un movimiento sin precedentes en la zona, vecinos, ayuntamientos y colectivos de todo tipo (agricultores, ganaderos, cazadores, ecologistas…) se han movilizado para defender su tierra.

En esta batalla por librarse del incierto futuro que traería el fracking a las Merindades, se vuelve a revelar Villarcayo. El próximo lunes se debatirá (y aprobará) una moción que insta a la Junta de Castilla y León a suspender cautelarmente los proyectos de fracking (tanto de investigación como de explotación) en marcha en la comunidad autónoma y en particular en el territorio de Las Merindades, y desarrollar una ley autonómica para paralizar futuros proyectos. También recomienda al Gobierno de la Nación, que por un principio de prudencia y por la fuerte contestación social, se prohíba el fracking en todo el territorio nacional.



Greenpeace apoya estas demandas realizadas por los vecinos y vecinas de Villarcayo y se adhiere a todas las peticiones planteadas en la moción del Ayuntamiento de Villarcayo, como no podría ser de otra forma. Los combustibles fósiles están abocados a desaparecer y cuanto antes lo hagamos menos traumático y barato nos resultara.

Cambiar de modelo energético, es social, económica y ambientalmente posible, y como demuestra el informe de Greenpeace “Recuperación económica con renovables” generaría más de 3 millones de empleos de aquí a 2030 y haría que los hogares castellano leoneses vieran disminuir su factura energética (calefacción, electricidad…) en 701€/año.

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