Es la primera vez que Unidad Popular (UP) se presenta a unas elecciones generales con dichas siglas. Aunque en etapas anteriores, y bajo el nombre de Izquierda Unida ha podido desarrollar y dar a conocer sus políticas en temas ambientales en el Congreso.



Greenpeace ha analizado 15 puntos del programa electoral de UP, en materia de medio ambiente, obteniendo diez puntos verdes. Repasamos a continuación algunas de las principales propuestas de su programa:

Defensa y derecho a un medio ambiente saludable
UP lleva en su programa la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y que ha sido aprobada en esta legislatura. También plantea una reforma constitucional ya que considera que el derecho al medio ambiente saludable debe formar parte de una reforma de la Constitución en pie de igualdad con otros derechos, aunque sin concretar aún cómo.

Energía y cambio climático
En su programa, UP recoge el apoyo a las energías limpias con el fin de alcanzar en 2050 un modelo 100% renovable. También incluye la derogación del "impuesto al Sol" e impulsar el autoconsumo. Plantea el abandono de la energía nuclear, prohibir el fracking y las prospecciones de hidrocarburos en el mar . Sin embargo, en cuanto al uso del carbón deja la puerta abierta a su uso. En la misma línea, en cuanto a la reducción de emisiones de CO2, su propuesta sólo es coherente con la de la UE en 2020, es decir, con el cumplimiento mínimo obligado y no plantea medidas a largo plazo.

Gestión sostenible del medio marino y terrestre
UP propone potenciar la agricultura ecológica y el consumo interno de productos ecológicos, sin concretar, y muestra su  rechazo frontal a los cultivos transgénicos con una prohibición de los mismos. En cuanto a la protección de bosques su programa se basa en generalidades, con falta de medidas concretas para mejorar la conservación y gestión de las masas forestales.



En lo relativo a la pesca, UP plantea la prohibición de artes destructivas, la ordenación al acceso a los recursos participativa y atendiendo a criterios sociales y ambientales y el ajuste de la flota a la capacidad real de los recursos. En lo relativo a la Ley de Costas de 2013, propone la modificación inmediata de la Ley para eliminar los aspectos privatizadores introducidos en su última reforma y garantizar la protección del litoral, sin concretar medidas específicas para una protección efectiva del litoral.

En cuanto al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), lo rechaza frontalmente debido a su contenido y la forma en que se está negociando.

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