Hoy viernes, hace escasos minutos, hemos sabido que el sector productor de soja en Brasil, los reyes del agronegocio brasileño, ha accedido a prolongar la moratoria de soja hasta finales de 2014.
El sector quería suspender la moratoria, pero ha acabado cediendo a las presiones del propio gobierno brasileño, de los grandes consumidores de soja y de la sociedad civil. Los cambios necesarios para conseguir un correcto control sobre el territorio y los cambios de uso del suelo no están todavía implementados, y no hay razones para fiarse de los propietarios agrícolas en esta región del planeta.
Este acuerdo, la moratoria de soja, se firmó en verano de 2006 por parte de los grandes comerciantes de soja de Brasil. En dicho acuerdo se comprometieron a no comprar soja a los agricultores implicados en la deforestación ilegal. Este compromiso ha sido un hito en la lucha contra la destrucción de la selva amazónica y supuso un freno a la alarmantes cifras de deforestación que asolaban la región a mediados de la pasad década.
Siguiendo este modelo de colaboración entre la sociedad civil y las grandes corporaciones, tres años después, en 2009, los 3 mayores industrias cárnicas de Brasil firmaron un acuerdo similar por el que se comprometieron a no comprar ganado de las explotaciones ganaderas que estaban participando en nuevos procesos de deforestación de la selva, la utilización de mano de obra esclava, o en invasiones de tierras indígenas y áreas protegidas en la Amazonia.
En este contexto de compromiso del sector privado, junto con una mejora de la gobernanza en la región, las tasas de deforestación disminuyeron durante los últimos 6 años, provocando muy buenas expectativas para la solución permanente del problema.
Pero en el año 2012 el gobierno aprobó un nuevo Código Forestal, cambiando drásticamente la legislación ambiental que rige la gestión de los bosques en Brasil, incluida la Amazonia. El poderoso lobby del agronegocio en el Congreso brasileño, los ruralistas, propició un debilitamiento de esta legislación, pese a que durante décadas había sido el Código Forestal el marco legal que había ayudado a proteger la Amazonía.
Los resultados de este cambio legislativo no han tardado en producirse. En noviembre de 2013, el gobierno el gobierno de Dilma Rouseff reconoció un repunte de la deforestación en la Amazonia. Las estimaciones señalaron que se perdieron 5.843 km2 de selva entre agosto de 2012 y julio de 2013, lo que supone un aumento de la deforestación del 28% en comparación con el año anterior.
Está claro que la política del gobierno de Dilma Rouseff no iba por buen camino. La deforestación se les está yendo de las manos.
Miguel Ángel Soto, @NanquiSoto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace