Esta semana hay que tachar de la lista las espinacas y las acelgas, por los nitratos; y, también, pez espada, tiburón y atún, por el mercurio. Los crustáceos, también fuera, por lo del cadmio. Están tan intoxicados que su consumo puede provocar trastornos en la salud. Y de esta manera tan sencilla, con recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), van, poco a poco, zanjando el grave problema de la contaminación química y su amenaza constante para la salud pública. Problema, el de la contaminación química, abandonado a su suerte en los últimos años por el Gobierno.

Los españoles y españolas acumulamos entre 6 y 10 veces más mercurio que personas de otros países europeos, como Alemania. Tenemos la, visto lo visto, “insana” costumbre de comer pescado. La contaminación industrial y también agrícola han convertido nuestra dieta en peligrosa y en susceptible de ser vigilada por las autoridades de seguridad alimentaria. Hay que vigilar los peces tóxicos, las verduras tóxicas, la carne tóxica, y sacarlos de la lista, para que no lleguen a las personas.

¿Y antes? ¿Y las industrias, como la petroquímica, u otros procesos contaminantes, como la incineración de residuos? Son fuentes de mercurio y cadmio. ¿quién vigila que no llenen el medio ambiente de sustancias tóxicas? ¿Quién vela para evitar que la “insaciable” cadena alimentaria se haga con ellas para contaminar nuestra dieta?

En busca de una respuesta, seguimos con el mercurio. Una de sus fuentes es la fabricación de cloro. Para esta industria, la UE estableció 2007 como límite para que cambiasen una tecnología que no contaminara con mercurio, y el Convenio de OSPAR, lo estableció en 2010. Pues así las cosas, el Gobierno español firmó un Acuerdo Voluntario con el sector para que redujeran sus emisiones y pudieran mantener la producción hasta 2020. No importó que la industria estuviese advertida desde el año 1996, ni las razones ambientales y de salud pública que forzaron esas medidas.

Solo a modo de comparación, ¿sería eficaz combatir la, tan preocupante para el Gobierno, “piratería informática” a base de recomendar a los usuarios que no se descarguen películas, música y juegos? ¿Entendería la industria de los sectores afectados que se firmase un acuerdo voluntario con los “piratas” para reducir progresivamente sus ventas hasta, pongamos, dentro de 20 años?. Aquí, el Gobierno sí es contundente. ¿No se puede hacer lo mismo cuando se trata de proteger la salud pública? ¿No se quiere?

Para defender nuestra salud de los tóxicos se necesita interés e intención política y, en ese momento, desarrollar un criterio unificador y unas prioridades claras ¿Porqué no una estrategia sobre química sostenible?. Así, por ejemplo, los ocho ministerios que tienen competencia en temas químicos podrán actuar de forma coordinada y con objetivos comunes. Si esto va de proteger la salud humana, todos a ello. Pero aún no ha pasado.

Cuánto tiempo tendremos que seguir haciendo tachones en una lista para que nuestros políticos entiendan que no vale todo para la industria y que a la solución no se llega con parches. Porque los beneficios económicos de las empresas son recortes en nuestra lista. Y, lo que es peor, que también nos cuesta la salud,  la nuestra y la de las futuras generaciones a quienes se dejará el legado de la inacción.

Sara del Río (@saradrio), responsable de la campaña de Contaminación de Greenpeace