Varias comunidades autónomas siguen valorando seriamente apostar por la incineración para gestionar sus residuos sólidos urbanos (RSU). A pesar de ser una técnica finalista que destruye recursos naturales, cara, contaminante y que no genera apenas empleos, los proyectos van pasando de unos gobiernos a otros como si de la herencia de un familiar se tratara.

Actualmente existen varios proyectos “latentes” para construir nuevas incineradoras: Navarra, Gipuzkoa, Asturias, Galicia, Barcelona y Tenerife. La semana pasada se sumaba otra más en Gran Canaria. Afortunadamente no todos son malas noticias, y este mes el Govern en Catalunya anunciaba que la planta de Barcelona quedaba descartada, por su inviabilidad económica y porque los barceloneses habían alcanzado cotas de reciclaje del 40% que hacía inútil este tipo de instalaciones.

El caso de la incineradora de Asturias es significativo, pues con el vuelco electoral en el Principado se abrían expectativas para un cambio radical en la gestión de los RSU. Sin embargo, el recién estrenado presidente del Principado ha planteado la posibilidad de revisar el proyecto para “adecuarlo y poder construir una incineradora” ambientalmente sostenible. Paradojas de la política, Cascos se queda con la herencia envenenada del anterior gobierno que durante lustros llevó a Asturias al caos en el tema del tratamiento de los residuos

Parece evidente que algunos de los proyectos de nuevas incineradoras finalmente serán descartados. Los motivos esgrimidos serán variopintos pero siempre los que más favorezcan a los gobiernos de las comunidades autónomas donde se ubican. Sin embargo, el lobby pro-incinerador no para y pretende trasladar a otros lugares sus plantas para así seguir con su lucrativo negocio. Por ello, el pasado día 14 de julio nos enteramos del nuevo Plan Territorial Especial de Residuos de Gran Canaria donde, se plantea un nuevo horno por un importe de 214 millones de euros, pero según el mismo solo para quemar la fracción resto.

Es evidente que en el caso de los proyectos de nuevas incineradoras estos pueden pasar de unos a otros, en forma herencia sin importar el color político. Y si alguien no la acepta se le ofrecerá a otros para que lleven a cabo la obra.

Julio Barea (@JulioBarea), responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace