Ganan los que especularon. Ganan los ayuntamientos que permitieron barbaridades. Ganan los futuros propietarios de suelos vírgenes de salinas, o dunas muertas, donde se pueda construir un paseo marítimo o que no se inunden por lo menos cinco veces en los próximos diez años.
Perdemos todas y todos.
En otras materias se habla de recortes. Pero el planteamiento del proyecto de Ley de Costas significa que el Estado tendrá que hacer frente a muchos y nuevos gastos. Se hipoteca la costa 75 años más. Se okupa la costa, por el Estado. Por los amigos del Estado.
¿Quién va a pagar el nuevo deslinde?
¿Quién va a pagar el permitir consolidar viviendas en suelo inundable?
¿Se va a aumentar el número de funcionarios para hacer seguimiento de las concesiones otorgadas a casi perpetuidad? Es decir viviendas e industrias que tienen 75 años de concesión.
¿Quién va pagar el mantenimiento de la línea de costa si tan solo en 2013 se reduce el presupuesto para esas labores a la mitad?
¿Quién va a pagar los costes de la subida del nivel del mar por el cambio climático?
Son muchas preguntas. Pero la importante es: ¿le importa al gobierno que la costa deje de ser pública? Que se permita que “lo hecho, hecho está”.
Se manda el proyecto de Ley a las Cortes. Mañana mismo. Hay prisa por volver a ver hoteles llenos, chiringuitos llenos... La Ley de Costas, ¿es la solución? Era el escollo. ¿Os creéis el cuento? Seguro que no, porque esta historia ya la hemos vivido.
Nosotros tampoco.
Dí #noanuestracosta. Firma aquí.
Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace España