De las elecciones generales del próximo 20 de diciembre saldrá un parlamento elegido por la voluntad popular, parlamento del que deberá surgir una mayoría capaz de formar un Gobierno. En eso consiste la democracia, ¿no?
Eso pensamos o eso parece. Desde hace tiempo se gesta, a puerta cerrada, un acuerdo para decidir sobre cuestiones fundamentales que deberían ser decididos por los gobiernos y parlamentos directamente elegidos por los ciudadanos. Estas conversaciones secretas hablan de establecer acuerdos comerciales bilaterales entre la UE y EE.UU, o entre la UE y Canadá, acuerdos que incluyen aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, con la salud de los ciudadanos, con los derechos laborales, los compromisos de lucha contra el cambio climático o con acceso a medicamentos más baratos. Hablamos del Transatlantic Trade and Investment Partnership, más conocido como TTIP, y su hermana gemela, el CETA, acuerdo bilateral entre la UE y Canadá que está pendiente de ratificación en Europa.
Poderoso caballero don Dinero, que está armando una gobernanza mundial paralela que sacraliza el “libre” mercado y los intereses de las grandes corporaciones, negociando en secreto acuerdos que harán todavía más complejo entender dónde radica realmente el poder de la ciudadanía. El poder corporativo considera que las legislaciones nacionales y las decisiones de sus parlamentos y ayuntamientos dañan sus intereses. Y estos acuerdos bilaterales establecer tribunales especiales, fuera de la jurisdicción nacional, que dirimen las diferencias entre los inversores y empresas y los gobiernos legítimamente elegidos por la ciudadanía.
¿Y qué opinan los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones del 20 de diciembre?
El Partido Popular, se muestra comprometido 100% con el TTIP, según su programa electoral: “Apoyaremos decididamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TTIP, que permitirá crear riqueza y nuevas oportunidades a las Pymes, estableciendo un mercado libre de barreras arancelarias, generando un área de intercambio de libre conocimiento con gran impacto en el comercio, la energía, la seguridad y el transporte".
En el lado opuesto, Podemos y Unidad Popular se oponen frontalmente al tratado, coincidiendo con los críticos a este nuevo modelo de gobernanza mundial, ya que supone, como afirma Podemos en su programa electoral, “una amenaza a nuestra soberanía, a nuestra democracia, a nuestra economía y al Estado de bienestar porque concibe las regulaciones sociales y medioambientales como obstáculos al comercio”.
Junto con el PP, también el PSOE, UPyD y Ciudadanos defienden este tipos de acuerdos secretos contra la democracia, aunque, debido a la creciente movilización social en Europa ante el fondo y la forma como se está negociando este acuerdo secreto, incluyen en su discurso un listado de líneas rojas o salvaguardas que eviten la merma en los derechos humanos, protección de los consumidores, seguridad alimentaria, que no incluyan los servicios públicos (sanidad, cultura, suministro de agua), que fomente y promueva el comercio de bienes y servicios "verdes" o no se ponga en riesgo la capacidad de legislar de los estados. O cuestionan el funcionamiento de los tribunales de arbitraje.
Pero resulta del todo irresponsable apoyar un acuerdo bilateral de comercio cuyo contenido no solo se está ocultando a los legítimos representantes elegidos en las urnas, incluyendo los europarlamentarios que actúan como comparsas de este secuestro de la democracia; el apoyo de PSOE, C,s o UPyD al TTIP y al CETA está legitimando además un modus operandi en las instituciones europeas que supone un secuestro de la soberanía popular, permitiendo la gestación de acuerdos donde las grandes corporaciones internacionales están teniendo un papel de asesores, con acceso a los textos de las negociaciones, con capacidad de proponer cambios y con numerosas reuniones con los negociadores de ambos lados del Atlántico.
No, no es solo falta de transparencia; lo que el PSOE y C,s están avalando es un golpe de estado, un nuevo modelo de gobernanza mundial que resta poder de decisión a los parlamentos nacionales y a la Unión Europea, y que deja todavía más tocada nuestra ya maltrecha democracia.
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