Como se plantea desde el Gobierno y, especialmente, desde el Ministerio de Justicia, es urgente e inaplazable una reforma en la justicia, y así lo demandamos los distintos operadores jurídicos y la sociedad en general. No obstante, dicha reforma debería hacerse tras un previo, profundo y detallado análisis de cada uno de los problemas que presenta la administración de justicia, de sus causas y de las soluciones a los mismos, con el consenso de las fuerzas políticas así como de los diversos agentes y profesionales que intervenimos en ella, con absoluto respeto al ciudadano y a sus derechos y con el compromiso político de dotar a dicha reforma de todos los medios materiales, personales y estructurales necesarios para su efectividad y la correspondiente previsión presupuestaria.

Lo que no cabe es pretender agilizar la justicia, reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados a costa de la indefensión de millones de ciudadanos, a los que se priva del acceso a la tutela judicial efectiva mediante la imposición generalizada de las tasas, cuyo efecto disuasorio y fin puramente recaudatorio se han evidenciado, o mediante la privatización de ciertos servicios, con el consiguiente coste para el ciudadano (como se pretende con proyectos de Ley de Jurisdicción Voluntaria, de reforma del Registro Civil y de reforma de la LEC y con la Ley de Seguridad Privada), pues desjudicializar ciertas materias no tiene por qué suponer privatizarlas, pudiéndose encomendar a funcionarios públicos e invertir en medios para la prestación pública y gratuita de dichos servicios.

Tampoco cabe alegar o esgrimir la seguridad como coartada para limitar la protesta y las garantías democráticas ni vulnerar derechos fundamentales o restringir su ejercicio como respuesta a concretas situaciones o casos ocurridos, a golpe de titular, como se pretende con los proyectos de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, de Ley Orgánica de reforma del Código Penal y de Ley Orgánica del Estatuto de la víctima del delito.

Y, por supuesto, tampoco cabe proceder a una ruptura y cambio radical de todo el sistema sin tener unos objetivos claros para mejorar la justicia y sin contar con la opinión de los profesionales y colectivos afectados, imponiéndose un control excesivo y restringiendo la independencia, todo lo cual se puede apreciar en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el proyectado Código Procesal Penal y en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

De todas estas reformas legislativas, dos ya se han aprobado (Ley de Tasas y Ley de Seguridad Privada), cuatro están en tramitación parlamentaria (reforma Código Penal, Ley Seguridad Ciudadana, Estatuto de la víctima, Ley Jurisdicción Voluntaria) y el resto en trámite de consultas, por lo que, además de requerir la derogación de aquéllas, instamos a que se aproveche la oportunidad del trámite parlamentario o de consultas para que, en consenso con los distintos grupos parlamentarios y con los colectivos implicados, sin uso del “rodillo parlamentario”, se introduzcan las modificaciones necesarias para la efectiva reforma y modernización de la administración de justicia entendida como servicio público cercano y accesible a todos los ciudadanos, con medios e independiente, y para el debido respeto a la libertad de expresión y derecho de manifestación, esenciales en una democracia.

Confederación Española de Abogados Jóvenes, @CEAJ_abogados.

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