Como es bien conocido, el Gobierno ha aprobado un Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana. Esta propuesta ha concitado el rechazo de los juristas, de organizaciones sociales como Greenpeace y hasta del Consejo Fiscal, órgano presidido por el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, y del Consejo General del Poder Judicial. Entre las numerosas razones que explican esta oposición se pueden citar las siguientes:
1ª.- La reforma es innecesaria pues ya hay una Ley que protege la seguridad ciudadana y no existen circunstancias nuevas que aconsejen su reforma. El propio Director General de la Policía admitió que las concentraciones violentas no superaron el 0’1 % de las celebradas en 2013.
2ª.- El Anteproyecto se caracteriza por una enorme inseguridad jurídica: muchos de los hechos susceptibles de ser sancionados carecen de una descripción clara que permita saber qué conductas serán castigadas, lo que crea un terreno sembrado para la arbitrariedad de la Administración.
3ª.- El Anteproyecto prevé sanciones administrativas que pueden ser más graves que las previstas en el Código Penal, lo que va en contra del principio de que las normas penales deben ser la reacción última y más intensa contra las infracciones al ordenamiento.
4ª.- El Anteproyecto permite atribuir conductas ilícitas a determinadas personas sin que haya quedado probado que participaron en las mismas.
5ª.- El Anteproyecto castiga conductas, como las “ofensas o ultrajes a España”, que son manifestación de la libertad de expresión y que, como tales, están protegidas por la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
6ª.- El Anteproyecto configura como hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones.
7ª.- El Anteproyecto regula la retención de personas por parte de las Fuerzas de Seguridad sin respetar los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional.
8ª.- El Anteproyecto permite que una conducta sea sancionable penal y administrativamente, lo que va en contra del principio de que no cabe castigar dos veces por los mismos hechos.
9ª.- El Anteproyecto introduce infracciones absurdas como “la tercera y posteriores pérdidas o extravíos y sucesiva petición de expedición de documentación personal en un plazo de cinco años”.
10ª.- El Anteproyecto crea como infracciones graves actuaciones protagonizadas por Greenpeace o grupos similares, a pesar de su carácter pacífico y simbólico. Así, sanciona hasta con 30.000 euros el escalamiento de edificios de organismos o instituciones públicas.
En suma, la invocación de la seguridad para imponer más límites a la libertad no hace sino encubrir la intención del Gobierno de silenciar el derecho. Parafraseando a Orwell, de decirle a los poderes públicos lo que no quieren escuchar
Por Miguel Ángel Presno Linera, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, acreditado como Catedrático de Derecho Constitucional y socio de Greenpeace.
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