Un año más ha zarpado la flota ballenera japonesa hacia aguas antárticas para continuar con la práctica sin sentido de cazar ballenas. Sin sentido, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel político (esta es una mancha negra en la reputación internacional de Japón) y especialmente a nivel económico. Y es en este punto donde venimos incidiendo desde hace unos años: de no ser por las ayudas públicas, a través del dinero de los contribuyentes japoneses, la caza de ballenas no sería viable.
Aunque lo venimos diciendo desde hace tiempo, este año la asignación de ayudas a la flota cobra especial relevancia, en un momento en el que Japón está intentando recuperarse del tsunami y terremoto del 11 de marzo y el consecuente desastre nuclear de Fukushima.
Para ponernos en contexto, la industria ballenera se encuentra en números rojos. El consumo de carne disminuye año tras año y, a pesar de que se ha reducido la temporada de caza y el número de barcos que la realizan, la carne sigue acumulándose en los almacenes.
La consecuencia de esto es una deuda de 24 millones dólares que la industria no puede afrontar, a pesar del subsidio de 10 millones de dólares que recibe anualmente. Sin embargo, este año ha obtenido un paquete adicional de fondos de 30 millones de dólares que le ha otorgado el Gobierno japonés. Con este empujón adicional la industria ballenera podrá cubrir sus deudas y sacar la flota para seguir, incomprensiblemente, acumulando carne congelada que no tiene salida en el mercado.
Si esto ya es de por sí lamentable, lo es aún más si tenemos en cuenta que esta ayuda extra se aprobó en el parlamento como parte del paquete de fondos destinados a la recuperación tras el accidente nuclear de Fukushima. A todas luces ese dinero se invertirá en saldar la deuda, algo que poco puede beneficiar a quienes deben recuperarse de las tragedias que han azotado a Japón en este año.
Greenpeace, junto con otras organizaciones japonesas, han vuelto a denunciar este hecho y han enviado un escrito al gobierno japonés para que termine de una vez por todas con las ayudas a la industria ballenera. Dinero público de los japoneses que va a parar a una industria condenada a desaparecer pero que se niega a aceptarlo y que, con la complicidad del gobierno japonés, no solo está dañando la biodiversidad marina sino que también está perjudicando indirectamente a quienes intentan recuperarse de la tragedia del 11 de marzo.
Elvira Jiménez (@elvirajn), campaña de Océanos de Greenpeace