El proyecto de Ley del Código Penal se aprobará previsiblemente hoy en el Pleno del Congreso, con los únicos votos favorables de los diputados del Partido Popular.
Tras esta aprobación comenzará su tramitación en el Senado. A nadie se le escapa que el Gobierno está incómodo con el actual clima social. Pero lejos de buscar soluciones a la crisis del sistema, se autodefiende dando pasos en la dirección de acotar, encorsetar, restringir y limitar el derecho a la discrepancia de la organizaciones sociales. Así, el nuevo Código Penal quiere castigar con penas de seis meses a tres años a quienes se resistan gravemente a la autoridad, sin diferenciar entre resistencia activa o pasiva, algo que estaba recogido en el anterior Código Penal. En lo referido a los desórdenes públicos, el partido en el gobierno tampoco ha aceptado las enmiendas que solicitaban la revisión de los tipos penales que sancionan actos no violentos sin atender a la motivación de tales actos ni a sus resultados.
Organizaciones como Amnistía Internacional recuerdan que las molestias o perturbaciones que pueden producirse en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación no necesariamente constituyen una alteración del orden público.
Greenpeace, como otras muchas organizaciones de la sociedad civil, sólo puede ejercer su función social desde la denuncia pacífica (imaginativa, controvertida, polémica... pero nunca violenta). Esta actitud, la denuncia y protesta pacífica, ha sido utilizada desde hace más de cuarenta años para hacer posible muchos de los avances en materia ambiental que hemos vivido en nuestro país. Cambios que no hubieran sido posible sin este tipo de denuncia.
Al mismo tiempo que utilizamos la protesta pacífica respetamos el ordenamiento jurídico, asumiendo las consecuencias legales de nuestras acciones y denuncias. Reconocemos el deber y la obligación del Estado de mantener el orden público y la obligación de perseguir posibles delitos que se cometan en el contexto de una protesta. Pero consideramos que el Estado tiene también la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Greenpeace condena cualquier tipo de conducta violenta como forma de expresión o denuncia, incluidas aquellas que se producen como respuesta a situaciones injustas. Pero también condenamos las situaciones de violencia estructural, la sufrida como consecuencia del funcionamiento injusto de las estructuras económicas y políticas. Asimismo, condenamos las estrategias criminalizadoras de la protesta pacífica como forma de control o de provocar temor en la sociedad, y los excesos policiales.
Pero la desobediencia pacífica, la resistencia no violenta y otras formas de expresión de la oposición a las situaciones injustas son intrínsecas al progreso social en todas las sociedades. Los líderes que han utilizado estos métodos y encabezado estas luchas sociales son hoy reconocidos por su enorme contribución la mejora de los derechos civiles o el respeto a las minorías.
Por tanto, en un día como hoy, una organización ciudadana que ejerce los Derechos Constitucionales recogidos en los Artículos 20 y 21 de la Constitución Española, relativos a la libertad de expresión y de manifestación, sólo puede alzar la voz y decir que lo que el Partido Popular ha aprobado hoy en solitario va en la línea de criminalizar estos derechos.
El pasado mes de abril de 2014 mantuvimos reuniones con el Grupo Popular en el Congreso y con otras fuerzas políticas. Pedimos al legislador que revisara el redactado de este proyecto de ley para ajustarlo a las recomendaciones de los mecanismos internacionales de Derechos Humanos sobre la necesidad de garantizar el derecho de libertad de expresión y reunión pacífica y que recojiera las advertencias de instancias europeas que han mostrado, de manera general, preocupación por los límites injustificados y desproporcionados a la protesta.
Pero no. El Gobierno no escucha ni a los partidos de la oposición, ni a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos ni a las instancias internacionales; es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que “si los manifestantes no recurren a la violencia es importante que las autoridades muestren cierto grado de tolerancia hacia las reuniones pacíficas”.
¿Qué puedes hacer tú?
- Descubre nuestra postura contra la criminalización de la protesta pacífica.
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