No sólo se asesina a los líderes que defienden la Amazonia de las ocupaciones ilegales, la tala ilegal y la deforestación. Recientemente, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) de Brasil ha publicado un estudio  cuyos datos ilustran la magnitud de la tragedia de las tribus indígenas: 53 indígenas fueron asesinados el año pasado en Brasil. Según los responsables del estudio, los conflictos por la propiedad de la tierra fue la razón principal de estas muertes.



Los datos del último año son similares a los de los últimos diez años. De 2003 a 2013, al menos 616 indígenas fueron asesinados en el país, 349 de los cuales ocurrieron en Mato Grosso do Sul.  Precisamente este Estado, Mato Grosso do Sul, fue el que registró el mayor número de asesinatos de indígenas, con el 62% de las muertes en 2013, siendo también escenario de 50 casos de suicidios, 16 intentos de asesinato y diez amenazas de muerte contra los indios. Las principales víctimas fueron la etnia guaraní-kaiowá, que sufre ataques recurrentes por parte de los terratenientes y sus secuaces.

En 2013 el Gobierno Brasileño sólo demarcó un territorio indígena, las tierras de la etnia Kayabi, en Pará. De acuerdo con el Informe del CIMI, el promedio anual de territorios indígenas demarcados durante el gobierno de Dilma fue el más bajo de toda la historia de la democracia en Brasil, que eligió directamente su primer presidente en 1985. Mientras que el promedio del gobierno de José Sarney fue de 13 tierras indígenas por año de gobierno, el gobierno de Dilma ha bajado el promedio a 3,6 territorios indígenas por año.

El informe del CIMI sale a la luz mientras se modifica en el Congreso Brasileño la definición de trabajo esclavo. La ley actual contempla que las empresas y propietarios implicados en trabajo esclavo pueden ver confiscados sus bienes. Pero esta ley corre el riesgo de ser debilitada y convertirse en historia. La discusión de este cambio estaba prevista para el pasado 15 de julio, y tenía como principal promotor el senador y relator de la reglamentación Romero Juca. Además de reducir el alcance del término “trabajo esclavo”, este senador quiere evitar el carácter público de la “lista negra” que incluye el nombre de los empresarios sorprendidos con trabajo forzado o esclavo. Esta lista supone un importante ejercicio de transparencia y resulta muy efectiva para la lucha contra este delito. Romero Juca quiere prohibir los nombres de los registros antes de que exista una condena judicial firme, por lo que a través del derecho de apelación esta mención podría tardar hasta 20 años. En la práctica, este listado que incluye actualmente 609 responsables de emplear seres humanos como esclavos podría desaparecer.  

No es la primera vez que se intenta acabar con esta lista negra. En abril de 2014, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería, presidida hasta junio pasado por la senadora Katia Abreu, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo Federal. La senadora argumenta que el concepto de trabajo esclavo es demasiado vago. Casualmente, los nombres de dos hermanos de la Sra. Katia Abreu están incluidos en el listado por casos descubiertos en 2012 y 2013.

Más de 46.000 trabajadores fueron rescatados de la esclavitud en Brasil desde 1995, principalmente en actividades ganaderas y madereras que se han establecido como las principales causas de la deforestación y la degradación forestal en el Amazonas. El Estado de Pará, de donde procede la mayoría de la madera que es importada a los mercado Europeos, incluida España, encabeza el ranking en Brasil por tasa de deforestación y número de empresarios incluidos en la lista negra de trabajo esclavo.

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