La basura es un negocio de millones de euros en el que algunas veces la mafia tiene intereses. La basura radiactiva también mueve intereses económicos y políticos. Estos intereses explican el nombramiento, en mayo de 2012, de Gil-Ortega al frente de ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) a propuesta de Cospedal, y su “cese” hace dos días a propuesta de Soraya Sáenz de Santamaría. Pero aquí no acaba la cosa, el nombre que se baraja para sucederle en el cargo es Juan José Zaballa, director general de Paradores, quién hace apenas 20 días era noticia por dirigir una mesa de contratación que benefició a su mujer. El proyecto que ENRESA tiene entre manos no es, ni más ni menos, que el cementerio nuclear, también llamado ATC (Almacén Temporal Centralizado), un proyecto con un presupuesto millonario.



Este sería sólo uno más de todos los escándalos a los que asistimos diariamente, si no fuera porque hablamos de un proyecto con una duración de 60 años, por el momento, y para el cual es imprescindible la estabilidad jurídica, la seguridad técnica y la participación social para afrontar con garantías que las decisiones adoptadas se ajustan a derecho. Y ninguna de estas garantías existe por el momento.

Se parte de un emplazamiento designado por el Gobierno, y no precisamente con base a una previa elección técnica sino con base a unas candidaturas presentadas por una serie de municipios que tomaron estas decisiones por razones de urgencia económica. No es una buena forma de empezar dejar fuera el aspecto técnico, el científico y también el participativo.

Pero hay más, respecto al transporte hasta el cementerio nuclear, hay que considerar que los municipios por los que pasarán los convoyes nucleares son perfectamente identificables (Ver páginas 111-176 del Estudio de Impacto Ambiental), y han sido excluidos del proceso de información pública, y en definitiva de la participación.

Y aún más, por mandato de la Unión Europea, se debe considerar la revisión de impactos de aviones, inundaciones, y eventos meteorológicos. Pero ENRESA los ha excluidos todos del proyecto.

Y mucho más, ya que existen situaciones científicamente probadas de reducción de disponibilidad de agua, como son los efectos del cambio climático, como son los riesgos geológicos, como son los riesgos sísmicos que están siendo pasados por alto.

Sería mucho mejor para la economía, la ecología, la seguridad radiológica y las arcas del Estado que se abandonara este proyecto en Villar de Cañas. La basura radiactiva, igual que la mafia, es un mal negocio para los ciudadanos del que no solo podemos prescindir, sino que debemos erradicar.

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