El primero en declarar ha sido el responsable de ventas de Kyodo Senpaku, empresa contratada por el Institute for Cetacean Research, de carácter gubernamental, quien admitió en el interrogatorio cruzado de la defensa que los “obsequios” de carne de ballena fueron entregados a la tripulación, pero no se registró su coste en la contabilidad oficial, a pesar de que el programa ballenero está financiado por el Gobierno.
Del mismo modo, se contradijo en las declaraciones públicas realizadas con anterioridad en las que había insistido en que “que no existía ninguna práctica de entregar como obsequio carne de ballena a los tripulantes de los balleneros”. Ayer, admitió bajo juramento que, a raíz de las denuncias realizadas por Greenpeace en 2008, se ha dejado de realizar esta práctica.
“Las pruebas facilitadas por Junichi y Toru sobre la malversación de fondos públicos en el contrabando con carne de ballena son las mismas que hace 18 meses. Sin embargo, esta vez la versión ofrecida por los testigos de la acusación comienza a mostrar su debilidad ante el examen detallado del tribunal” ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña Océanos de Greenpeace. “Parece evidente que la “versión oficial” de lo que se consideró “verdad” no se sostiene y, por lo tanto, debe reabrirse inmediatamente la investigación iniciada y denunciada por Junichi y Toru. De una vez por todas se debe juzgar a quienes están cazando ballenas en el Santuario de la Antártida, bajo una supuesta caza “científica”.
La acusación también llamó a declarar al gerente de la empresa de mensajería Seino Transport, la cual repartió las cajas con la carne de ballena en abril de 2008, una vez que la flota regresó del Santuario Ballenero de la Antártida. En su declaración, confirmó que pagó al propietario de la caja cerca de 30.000 yenes (aproximadamente 240€) de su propio bolsillo y no registró el pago. También admitió que el propietario le había indicado que la caja contenía alimentos y no el “cartón” que figuraba en el albarán.
El juicio ha llamado la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como el apoyo de numerosos grupos defensores de los derechos humanos, abogados, políticos y más de 250.000 personas que han firmado la petición para que se cancele el proceso. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria dictaminó recientemente que el gobierno japonés había vulnerado los derechos fundamentales de Junichi y Toru durante su detención y procesamiento judicial (1). Esta es la primera vez que este grupo de trabajo hace pública en Japón una opinión de este tipo.
“Este juicio no trata tan sólo de una caja con carne de ballena. Trata sobre el respeto a los derechos humanos, sobre acatar las leyes internacionales y sobre la libertad de llevar a cabo investigaciones legítimas por el interés público”, ha añadido el Dr. Kumi Naidoo, director Ejecutivo de Greenpeace Internacional, presente en el juicio. “Es esencial que el primer Ministro Hatoyama muestre al mundo que su gobierno es lo suficientemente valiente para ser una verdadera democracia.”
La próxima vista del juicio tendrá lugar el 8 de marzo, día en el que la defensa llamará a declarar a sus testigos, incluyendo los miembros de la tripulación de la flota ballenera así como al catedrático Dirk Vorhoof, experto en derecho internacional (2). En el mes de mayo se expondrán las declaraciones finales y la sentencia se emitirá en junio en una fecha aún por concretar.
Nota:
(1) Dictamen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
http://www.greenpeace.org/espana/reports/100210-02
(2) http://www.greenpeace.org/espana/news/100116