Una semana más estamos a la espera del viernes, día en que el Gobierno podría anunciar la ley que reformará el sector eléctrico en nuestro país. Y de nuevo, al no haber existido consulta o participación de los sectores interesados (la sociedad en su conjunto) solo podemos elucubrar del contenido del nuevo texto normativo. Pero lo que si podemos adelantar es lo que debería contener esta reforma y cuales son las líneas rojas que no deberían sobrepasarse.

El mayor reto ambiental al que se enfrenta el planeta es el cambio climático. Los últimos registros de CO2 medidos en la atmósfera terrestre  baten récord superando los 400 ppm.  Parece lógico, por tanto, que un Gobierno responsable y que vela por el interés común habrá tenido en cuenta este grave problema y ésto será el objetivo prioritario de su reforma.

Para lograr reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el Gobierno tendría que elaborar un plan que opte por un sistema energético 100% renovable. Energía 3.0 de Greenpeace ha demostrado que esto es técnica, económica y ambientalmente posible. El equipo del ministro Soria ya tiene, por tanto, bastante trabajo adelantado.

La nueva ley tiene que plantear la renovación del sistema de apoyo a las energías renovables, poniendo fin inmediato a la moratoria que actualmente sufren estas tecnologías. Para ello, y dado el conflicto que padece nuestro sistema eléctrico entre renovables y generación convencional, se debe establecer un calendario de cierre y sustitución de estas últimas. Un papel destacado en la nueva ley debería corresponder a la gestión de la demanda, eficiencia energética y redes inteligentes.

Igualmente, es fundamental que se contemple eliminar por completo las subvenciones, directas e indirectas, a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, así como a todos los equipamientos y usos ineficientes de la energía. Para hacer más transparente y justo el mercado eléctrico el Gobierno debería establecer una separación patrimonial completa entre las empresas que poseen las redes de transporte y distribución y las que poseen las centrales de generación, de forma que se impida su pertenencia a un mismo grupo empresarial.

Otro de los aspecto que la reforma debería abordar es el derecho al autoconsumo de energía limpia. Este debe regularse de forma que incorpore la medición neta, con las señales económicas apropiadas para un intercambio eficiente de energía e información con la red y un incentivo claro al ahorro de energía. Debe remunerarse toda la energía inyectada en la red por estas instalaciones y no establecer peajes sobre la energía ahorrada gracias al autoconsumo.

Estas son algunas de la líneas rojas que la próxima reforma del sector eléctrico debería incluir y que Greenpeace presentó en abril al Secretario de Estado de Energía. Sin embargo, frente al interés general se encuentran Iberdrola, empresa enermiga de las renovables y el resto de las grandes eléctricas. Sus líneas rojas son bien diferentes, y desgraciadamente nos tememos que su poder de influencia en la reforma del Gobierno sea manifiestamente mayor que el del resto de la ciudadanía.

Campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace