Ante la gravedad y la violencia de los sucesos en el Sahara Occidental, las organizaciones de la Campaña Armas bajo Control, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, muestran su preocupación ante la posibilidad que las armas utilizadas por el ejército marroquí puedan ser de procedencia española.

Por ello, las ONG piden al Gobierno que garantice que las armas vendidas en 2009 y 2010 no se estén usando en el Sahara Occidental para cometer violaciones de derechos humanos y que se suspendan de forma preventiva las ventas autorizadas y todavía no ejecutadas, unos 50 millones de euros en aeronaves, hasta que se investigue de forma independiente y se clarifique la situación.

Marruecos aumentó en 2009 los ataques contra la libertad de expresión, asociación y reunión en relación con cuestiones consideradas sensibles para la seguridad interna y externa del Estado, según Amnistía Internacional. Además las autoridades intensificaron las restricciones impuestas a quienes propugnaban la autodeterminación del Sahara Occidental.

A pesar de que las ONG consideran Marruecos un destino preocupante en cuanto al respeto de los derechos humanos, en 2009 España realizó exportaciones a este país por un valor de más de 30 millones de euros, entre ellos 28 millones en vehículos todo terreno, y 1,7 millones en aeronaves. Además se autorizaron otros 50 millones más en aeronaves. En el primer semestre de 2010 las ventas de material de defensa han llegado a los 4,13 millones de euros. De esta cantidad 3,4 millones de euros corresponden a un buque, 564.484 euros a cartuchos para escopetas y rifles con cañón de ánima lisa, 110.000 euros a componentes de armas de guerra, 14.814 euros a escopetas y rifles de caza o de tiro deportivo y 6.401 euros a componentes y accesorios de diversos artículos.

Se desconoce qué tipo de garantías ha recibido el Gobierno español de que este material no iba a ser utilizado en acciones que pudieran vulnerar los derechos humanos. Por ello las ONG piden al ejecutivo que aclare qué garantías fueron adoptadas para asegurar que no se estén cometiendo violaciones de derechos humanos con armas españolas en el Sahara Occidental. En caso contrario, esta venta incumpliría la Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Ley 53/2007, de 28 de diciembre), que estipula que se denegarán operaciones de ventas de armas a países con vulneración de derechos humanos.

Campaña de desarme de Greenpeace