Esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados se convalidará o derogará un Real Decreto–Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.



Más allá de decir que todas las comercializadoras de electricidad tendrán que sufragar los costes para proteger a los hogares vulnerables (que sospechamos trasladarán directamente a los consumidores con un aumento de la factura) y que en el plazo de tres meses se construirá toda la estructura que hará posible que hogares con menor renta accedan a descuentos en la factura, el Real Decreto Ley no dice nada más.

No queremos olvidar que la pobreza energética es una de las facetas de la pobreza y, más allá de medidas coyunturales, como la propuesta hoy por el Gobierno para paliar unos mecanismos existentes de bono social tan mal diseñados que han generado aún mayores injusticias, es necesario ver un planteamiento más global del Gobierno sobre cómo abordar esta lacra social. Sin duda echamos de menos que se hable de algo más respecto a quién tendría derecho a un descuento sobre la factura de la luz y quién lo debería pagar.

Aún siendo estos temas fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier mecanismo de apoyo social, de poco va a servir si el Gobierno asume que la factura de todos los hogares españoles seguirá subiendo y rechaza cualquier medida estructural para que esta pueda reducirse: medidas de eficiencia energética, autoconsumo o mayor penetración de las renovables.

Un cambio de modelo energético que se aleje de los combustibles fósiles en favor de las energías renovables es clave para combatir el cambio climático, pero también para la buena marcha de la economía, el empleo y el bolsillo de los ciudadanos. Lo hemos visto en estos días de alza de las facturas eléctricas y así lo demuestra nuestro informe La recuperación económica con renovables. Creación de empleo y ahorro en los hogares para un modelo sostenible. 

Un avance de las energías limpias generaría más de 3.053.000 empleos ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas, un crecimiento anual de 2 puntos en el PIB y un aumento de la producción de más de 545.000 millones de euros. Además, la producción eléctrica en el año 2030 generaría otros 203.000 puestos de trabajo. La inversión necesaria para ello sería de 19.535 millones anuales.

Los colectivos más vulnerables estarían entre los más beneficiados por un modelo eléctrico basado en renovables, pues supondría un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares frente al año 2012. Solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos.

Todos los hogares se verían beneficiados, pero en especial las personas mayores de 65 años que viven solas, los hogares que no tienen a ninguna persona ocupada y aquellos con ingresos menores a 500 euros mensuales, que tendrían el mayor descenso en el esfuerzo económico que realizan para pagar la factura energética en el año 2030. Sin embargo, si la política energética continúa por vías similares a las actuales basadas en combustibles fósiles, grupos muy amplios de la ciudadanía se sumirían en la pobreza energética. El gasto de los hogares con menos de 500 euros al mes podría subir hasta el 60% para pagar algo tan básico como la luz o la calefacción.

Hoy hay una oportunidad única en el Congreso para atajar una pobreza energética que debería avergonzarnos. Lo que se propone hoy es insuficiente y, además, sabemos el camino para hacerlo bien… Sus señorías, ¡no dejen pasar la oportunidad!