La ley Ombinus, una huída hacia atrás

Mal augurio. “Cumpliremos con el 20/20/20 de la UE, pero no iremos más allá”, dijo, con tono tranquilizador, Ramón Espadaler en el debate preelectoral convocado por la Sección de Medio Ambiente del Colegio Oficial de Abogados de Barcelona. Justo después de reconocer que el cambio climático es la mayor amenaza ambiental a la que se enfrenta Cataluña.

Muy mal presagio porque el partido que finalmente se hizo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña expresaba una voluntad manifiesta de aferrarse al pasado, al status quo, en vez de posicionarse valientemente en un futuro inevitable – el de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.

Es esta misma mentalidad, con un componente de revancha contra los tripartitos y de cumplimiento de promesas a grupos de interés imposibles de soslayar, la que rige el anteproyecto de ley de simplificación y reestructuración administrativa y de promoción de la actividad económica, o ley omnibus, a la cual hoy Greenpeace, como muchas otras organizaciones ambientales, ha presentado sus alegaciones.

El gobierno ha otorgado 15 días (y al principio, solamente 7) para opinar sobre una ley que modifica más de 80, entre las que 22 tienen relevancia ambiental. Y lo ha hecho en el estilo “Donde dice Digo dirá Diego”, lo que ha complicado mucho más la posibilidad de una reacción profunda de la ciudadanía.

Desde Greenpeace hemos abordado la parte de las cuestiones planteadas en las que hemos sido más activos. En primer lugar, hemos denunciado el espíritu de la ley, que busca permitir a unos pocos obtener beneficios sin tener que ofrecer garantías de protección al interés público o al medio ambiente– cuando no lo contraviene, directamente. Es lo que ocurre con la autorización de circulación de vehículos motorizados por el medio natural, permitiendo incluso a competiciones atravesar zonas protegidas. O con la desprotección de la Vall de Santa Creu, del parque natural del cap de Creus, para permitir, finalmente, construir 15 viviendas unifamiliares. O con las disposiciones sobre residuos, que transforman autorizaciones en comunicaciones sin ni siquiera dejar claro qué mecanismos de control sobre las actividades, y eximen de una declaración de impacto ambiental instalaciones con un potencial de incidencia ambiental elevado, como los centros para la recogida y la transferencia de residuos peligrosos, con una capacidad superior a 30 toneladas por día, o las instalaciones para la valorización de residuos no peligrosos con una capacidas superior a 100.000 toneladas por año.

A todo ello hay que añadir que, en aras de adelgazar la administración, una línea transversal dictada por Presidencia es la supresión de la definición, por ley, de los entes representados en los consejos de dirección y participación de los entes públicos, que queda por determinar en legislación de menor rango y, sobre todo, a discreción del gobierno de turno, con lo cual se acota la participación pública y se aumenta la posibilidad de influencia de los grupos de presión con intereses económicos.

Las viejas recetas neoliberales llevan al gobierno de Cataluña a competir por la vía de la reducción (contraviniendo incluso directivas europeas) de las exigencias ambientales – una apuesta por ser la maquila de Europa occidental que no solamente dilapida el medio ambiente y pone en peligro la salud de los catalanes, sino que garantiza un puesto en el furgón de cola de la nueva economía verde que las sociedades industrializadas se verán abocadas a emprender – siguiendo el camino ya emprendido, con el calendario de cierre de las centrales nucleares y la apuesta por las energías renovables, por el gobierno conservador de Alemania.