Las asociaciones de consumidores están con la boca abierta. Y no es para menos, parece como si quisieran tomar aire antes de que les pongan la mordaza.

No dan crédito a la última maniobra del Gobierno, que de la mano de una enmienda en el Congreso del Grupo Parlamentario Popular, han incorporado una disposición adicional en la futura Ley de la Cadena Alimentaria. Según esta enmienda los estudios que se basen en análisis de alimentos deben cumplir requisitos estrictos, como por ejemplo que antes de su publicación sean contrastados previamente por quienes se puedan considerar afectados, la industria agroalimentaria.

Es decir, si una asociación decide analizar un alimento y, por ejemplo, detecta un elevado nivel de un contaminante deberá respetar los plazos y procedimientos exigidos y entregar a los productores de ese alimento los datos obtenidos para que puedan ser contrastados por ellos. De esta manera, entrará en el largo y lento camino de las trabas de la industria hasta que, de darse, se pueda llegar a publicar esa información. De no aceptar este proceso, toda organización indisciplinada será sancionada. El argumento esgrimido para tal descalabro es tan sencillo como falso, proteger a los consumidores de la desinformación.

Esta nueva treta, amordaza a las organizaciones de consumidores y otras, que como Greenpeace analizamos alimentos para conocer su procedencia o su nivel de contaminación y es el mismo Cañete quien pone en manos de la industria esta mordaza.

De nuevo, este gobierno de los recortes hace prevalecer un interés de la industria al interés y al mismo derecho del consumidor de estar bien informado. Para fortalecer, esta afirmación cabe decir que jamás un informe basado en análisis de Greenpeace ha sido denunciado por los “afectados”, por falta de rigor o por resultar falso. Eso sí, no hay ninguno de ellos que haya pasado inadvetido ni sin levantar ampollas en el sector (¡Qué les amordacen!)

Así, en este país democrático y perteneciente a la Unión Europea, tan ovacionada últimamente por Cañete, ya no te podremos contar libremente si hay toxinas o transgénicos en tus alimentos ni la procedencia real de algunos alimentos porque es algo que molesta a la industria alimentaria. A Greenpeace esas mordazas no nos resultan ajenas porque tenemos compañeros y oficinas en países en los que vulneran a diario los derechos de todo tipo. Pero nunca imaginamos que en España se pudiera retroceder tanto.

A lo mejor alguno alardea en Europa de esta ley como una de sus grandes hazañas, aunque en realidad se trate de una gran vergüenza para la democracia.

Sara del Río, campaña de Contaminación de Greenpeace