El próximo lunes 6 de septiembre para la mayoría será un lunes más de vuelta al trabajo después del fin de semana o incluso después de las vacaciones de verano. Para dos personas no será otro lunes cualquiera.

Junichi Sato y Toru Suzuki escucharán el veredicto que marcará su futuro. Se despedirán de su familia sin saber si ese mismo día serán encarcelados. Su único delito ha sido el querer denunciar algo que está mal, el querer poner su granito de arena para luchar por un mundo mejor.

Junichi y Toru investigaron el posible contrabando ilegal de carne de ballena procedente de la supuesta “caza científica” realizada por Japón y financiada con fondos públicos. Tras varios meses de documentación y contacto con informadores anónimos de la industria ballenera, interceptaron una caja destinada a un tripulante del barco ballenero Nisshin Maru etiquetada como “cartón” y en la que en su interior había carne de ballena. Esta prueba fue entregada al fiscal, junto con toda la documentación recopilada y se inició una investigación oficial.

Pasado un mes todo tomó un giro inesperado de 180º. Junichi y Toru fueron detenidos bajo los cargos de robo y allanamiento y se abandonó la investigación sobre la industria ballenera. Los culpables pasaron a ser los acusadores, y quienes habían destapado la verdad pasaron a ser juzgados.

Durante 23 días fueron interrogados atados a una silla y sin la presencia de su abogado. El proceso judicial que ha durado más de dos años ha estado repleto de irregularidades y contradicciones por parte de la acusación. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó a finales de 2009 que en el caso de Junichi y Toru se habían vulnerado al menos 5 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Tras la fallida reunión de la Comisión Ballenera Internacional el pasado junio, el lobby evidente de la delegación japonesa por reabrir la caza comercial y las últimas noticias que circulan de reuniones secretas para conseguir votos que favorezcan el fin de la moratoria cuesta creer que quienes luchan por sacar la verdad a la luz y defender el futuro de los océanos se enfrenten a una condena de prisión. Más aún cuando su único delito ha sido interceptar una caja de “cartón”, que ni siquiera fue robada ya que se entregó a las autoridades.

Ante esta injusticia, el próximo mes de noviembre saldrá de nuevo la flota ballenera de Japón a iniciar la temporada de caza en el océano Antártico. ¿Desde dónde lo verán Junichi y Toru? Esperemos no sea tras los barrotes de una celda sino desde su libertad.

Elvira Jiménez, campaña de Oceános de Greenpeace

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