El lunes 17, activistas de Greenpeace presentes en el puerto de Innoshima eran testigos de la partida de la flota ballenera japonesa que, un año más, sigue escudándose en la ciencia para ir a matar ballenas a la Antártida y luego hacer suculentos negocios con su carne. Un año más, el coste multimillonario de esta expedición sin sentido será costeada con los impuestos de unos ciudadanos cuyo país declaraba, también ayer, haber entrado en recesión económica.
Este año, sin embargo, las cosas parecen haber cambiado: la tradicional y fastuosa ceremonia de partida de la flota ballenera, a la que asistían altos cargos del Gobierno, ha sido cancelada; la prensa nipona ha informado que la industria ballenera se ha auto-recortado su cuota ilegal en un 20% y, por primera vez, y como resultado del escándalo por el robo de carne de ballena que denunció Greenpeace a principios de este año, en los barcos balleneros habrá tripulación no japonesa ya que varios tripulantes habituales se han negado a ir este año.
Este año Greenpeace no enviará uno de sus barcos a Santuario Ballenero Antártico, ya que centrará todos sus esfuerzos en Japón, donde el 71% de sus habitantes son contrarios a que la caza de ballenas sea pagada con sus impuestos. Dos activistas de Greenpeace, Junichi Sato y Toru Suzuki han permanecido privados de libertad durante 145 días, desde que la organización denunciara que los mejores pedazos de carne salían clandestinamente del barco y aportaran sólidas pruebas de ello ante la justicia nipona. Inexplicablemente, la Fiscalía ha decidido que Junichi y Toru deben ser juzgados y se enfrentan a 10 años de cárcel por interceptar una de las cajas con carne de ballena robada por la tripulación del barco factoría Nisshin Maru.
Nuestro corazón está con Junichi y Toru, dispuestos a ser encarcelados por acabar con una práctica absolutamente ilegal.
María José Caballero
Coordinadora de Campañas Greenpeace España