Activistas de Greenpeace detienen la descarga del mercante C.Summit en Tarragona para pedir que no se queme más carbón y denunciar la política energética española, que subvenciona el combustible fósil que más contribuye al cambio climático.

Hace unas semanas llegaba la noticia de que la Comisión Europea había aprobado un borrador de reglamento sobre ayudas a las actividades mineras que limita las ayudas al año 2014, prevé la reducción paulatina de las cantidades otorgadas y contempla que los proyectos que podrían recibir subvenciones serían sólo aquellos que se enmarquen en la transformación o en el cierre de las actividades mineras.

A nadie se le escapa que este es un tema polémico en países como España o Alemania, en los que existe una larga tradición carbonera. Las reacciones a este paso de la Comisión Europea no se han hecho esperar. El tema del carbón es complicado, no sólo porque muchas familias dependen directa o indirectamente de la actividad minera en España sino porque esta actividad, en muchos casos, depende directamente de las ayudas públicas.

No podemos olvidar que estamos en un contexto de crisis económica, pero debemos recordar también que estamos ante un cambio climático acuciante que nos marca la urgencia de acabar con la quema de combustibles fósiles en las centrales térmicas de carbón. Debemos repensar nuestro modelo energético y podemos hacerlo porque en España tenemos la tecnología y las condiciones climáticas idóneas para llegar a abastecernos por completo mediante energía renovable, tal como demuestra el informe Renovables 100% que la Universidad Pontificia de Comillas elaboró para Greenpeace.

Los países industrializados hemos provocado la crisis climática y estamos en deuda con los ciudadanos de los países en desarrollo que sin haber contribuido a esta crisis están sufriendo sus peores consecuencias. Además existen muchos sectores en España que viven hoy en día los impactos económicos derivados del cambio climático. La agricultura, la pesca, el turismo o la vinicultura son algunos de ellos y la lista no hace más que aumentar.

Ante las reclamaciones del sector del carbón, nadie puede negar que uno de los deberes del Gobierno, sobre todo en el llamado estado del bienestar, es velar para que todos los ciudadanos dispongamos de los medios de vida suficientes y garantizarnos los derechos básicos y las libertades públicas que nos reconoce la Constitución. Pero si hablamos de TODOS los ciudadanos debemos incluir tanto a los que trabajan en el sector del carbón como los que viven de los sectores directamente afectados por la crisis climática.

Mantener un sector artificialmente no parece lo más adecuado en un contexto de cambio como el actual y mucho menos si, al mismo tiempo, esto perjudica a otros sectores,  vulnera el derecho a un medio ambiente adecuado que también reconoce la Constitución y condiciona la posición de España en las negociaciones climáticas internacionales.

El carbón es un problema complejo, sí, pero tiene solución si los apoyos públicos que requiere el sector se centran únicamente en su reconversión y en paliar sus consecuencias negativas.

Aida Vila, campaña cambio climático