El pasado 14 de julio el Cabildo de Gran Canaria sacó a información pública el Plan Territorial Especial de Residuos (PTER). Su memoria económica financiera se desglosa en nueve ejes que suman una inversión de más de 499 millones de euros (exactamente 499.749.351 euros) hasta 2018. Con este Plan se pretende solucionar el actual caos que vive la isla en relación a la gestión de sus residuos y vertederos. El mayor de ellos, el Salto del Negro, está actualmente denunciado por el Servicio al Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de las Palmas por delito ecológico. Y en el de Juan Grande, la situación no es mejor.

El PTER difiere poco de otros planes presentados en algunas Comunidades Autónomas. Hace caso omiso de las prioridades y de la jerarquía que marcan la Directiva marco de Residuos (DMR) y de la recién aprobada Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Reducir, reutilizar, reciclar, incinerar (denominado eufemísticamente valorización energética) y verter, esos son los pasos que pueden seguirse. En cambio, el Plan centra todos sus recursos e imaginación en construir una incineradora que lo queme todo, hasta las ideas.

Las cifras presentadas por el Cabildo hablan por sí solas. Para el “fomento de la prevención en la generación de residuos y su peligrosidad”, primera prioridad de la jerarquía (y por tanto donde más habría que invertir), el PTER dedica 0,21% del presupuesto total. Para la segunda prioridad “fomento de reutilización de residuos” el gasto es aún más vergonzoso con solo 12.000 euros (el 0,0024%). Sin embargo, el 43% del presupuesto, más de 214 millones de euros, irían a la construcción de una incineradora. ¡Perdón, tendría que decir valorizadora de energía... o mejor de dinero!

La Administración insular justifica el horno, en menos de una página en los cientos de folios del Plan, diciendo que éste está diseñado para ser una “instalación de valorización energética de los rechazos de las otras plantas”. Una planta que quemaría 360.000 toneladas al año. Teniendo en cuenta que según el PTER en 2011 en Gran Canaria se generarán 489.906 toneladas de residuos urbanos, esto supondría quemar el 73,5% de las basuras. Aunque es muy probable que no solo quieran quemar basura doméstica y al final la planta sirva para incinerar todo tipo de residuos (¿peligrosos o no?).

De aprobarse el Plan propuesto por el Cabildo de Gran Canaria, dejaría pocas salidas a la isla haciéndola incumplir los objetivos fijados para 2020 por la DMR que establece que se recupere al menos el 50% de los residuos. Afortunadamente, la sociedad se está moviendo y pocos días después del anuncio del Cabildo se ha creado la plataforma La Incineración No es la Solución que cuenta con el apoyo de Greenpeace. Hay alternativas más sostenibles sanitaria y ambientalmente, que son más económicas y que generan más empleos que la incineración. Esperamos que en Gran Canaria, los que nos han llevado al caos en la gestión de los residuos, no nos quieran imponer una solución que no lo es.

Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace.