La voracidad de la industria de los combustibles fósiles no tiene límites. Ahora ha alcanzado la joya de la corona de la biodiversidad en el mundo: Doñana. Gas Natural Fenosa pretende, irresponsablemente, realizar siete nuevos pozos con los que extraer y reinyectar gas en el subsuelo, además de instalar 72km de gasoductos. Y ya han empezado las obras.
Para lograr sus propósitos, Gas Natural Fenosa fragmentó en cuatro el proyecto (Saladillo, Aznalcázar, marismas oriental y marismas occidental), con el objetivo de obtener más fácilmente los permisos necesarios. El Gobierno en funciones del Partido Popular no ha tenido ningún reparo en declarar de utilidad pública la obra a fin de acelerar los negocios de la empresa en Doñana.
Por su parte, la Junta de Andalucía sí que ha planteado inconvenientes, al menos a dos de los proyectos, por afectar directamente al espacio protegido de Doñana. Y como ésta cuestión era bien conocida por la empresa, parte de la estrategia de Gas Natural Fenosa ha sido plantear una reclamación de responsabilidad patrimonial de 358 millones de euros, por si la Junta finalmente paraliza por decreto sus intenciones de buscar y almacenar gas en Doñana. Sin duda, una estrategia brillante para sus intereses económicos particulares, pero nefasta para el bien común que es el medio ambiente.
La oposición al proyecto ha sido unánime por parte de la sociedad andaluza y del resto de España. Greenpeace y otros colectivos se han movilizado para detener el proyecto de Gas Natural Fenosa, que convertiría Doñana en un campo gasístico.
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