En menos de un año el Gobierno de España, Iberdrola y Endesa, y el CSN han abierto y cerrado Garoña tres veces, ignorando completamente las lecciones aprendidas en Fukushima.
En julio del año pasado el Gobierno emitía una orden para su posible continuidad, Iberdrola y Endesa declinaban la oferta y pedían una prórroga para solicitarlo más adelante cuando las condiciones económicas le fueran más favorables, el CSN se lo denegaba por motivos de seguridad.
En diciembre Iberdrola y Endesa se adelantaban y paraban la nuclear, el Gobierno les llamaba chantajistas, y el CSN seguía la tramitación del cierre. En febrero el Gobierno se hacía el remolón en la entrega de los papeles para la tramitación del cierre.
En mayo el Gobierno le pedía al CSN que le deje abrir Garoña pero parada. El CSN que nueve meses antes había dicho que no, ahora dice que si. Pero el Gobierno después de todo el jaleo, va y dice que ahora no le da la gana. El CSN agacha las orejas y sigue con el plan de cierre. Iberdrola y Endesa siguen diciendo que necesitan los favores económicos del Gobierno para poner en marcha su nuclear.
Todo este desatino se quedaría en burla si no fuera porque estamos hablando de un reactor nuclear de más de 40 años, gemelo al de Fukushima, y resulta estremecedor leer en el informe publicado por el Parlamento de Japón, que el accidente nuclear fue consecuencia de la trama entre el gobierno, el regulador y la compañía eléctrica, exactamente lo mismo que está sucediendo en España.
Hoy estamos denunciando en la II Conferencia Europea de Seguridad Nuclear, que las pruebas de resistencia que puso en marcha la Comisión europea tras el accidente de Fukushima han sido evadidas por Garoña, porque este Garoñagate ha generando una indefinición jurídica y normativa que avala tanto el incuplimiento de las pruebas de resistencia en caso de cierre, como en caso de reapertura de Garoña.
Raquel Montón (@RaquelMonton), responsable de la campaña Anti-Nuclear de Greenpeace
- El CSN continúa el proceso de cese de explotación ante la ausencia de la modificación de la Orden Ministerial por parte del Ministerio de Industria que permitiría la solicitud de la prórroga a Nuclenor