A menudo, en el mundillo de la certificación forestal se toman decisiones precipitadas que no son una buena solución sobre el terreno.
Sin embargo, el Consejo de Administración Forestal (FSC) acaba de tomar una decisión histórica que se ajusta al refrán de “el que esperar puede, alcanza lo que quiere”.
FSC es el sistema líder de certificación de la gestión forestal sostenible, y se acaba de desvincular del Grupo Danzer, una multinacional maderera alemana con sede central en Suiza. Esto significa que la multinacional pierde todos sus certificados FSC en todo el mundo, es decir pierde el sello que indica al consumidor que es un producto cuya madera ha sido obtenida de fuentes sostenibles.
La decisión se ha tomado después de 18 meses de esfuerzo y trabajo de Greenpeace tras la denuncia que presentamos en 2011 en el que denunciabamos cómo el grupo Danzer, poseedor del certificacio FSC, presumía con su imagen verde cuando en realidad estaba contribuyendo a la violación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC). Según una evaluación por parte de un equipo independiente, en la RDC se han registrado de manera sistemática actividades de tala ilegal en 2011, año en que la empresa Danzer recibió el certificado FSC de madera controlada.
El FSC cuenta con un conjunto de criterios mínimos para las empresas que se asocian: “Política para la Asociación de Organizaciones con el FSC”. Y esta política tiene como objetivo asegurar el mantenimiento de la credibilidad del FSC en el mercado, excluyendo a las empresas que tengan vínculos con la deforestación, la tala ilegal, violaciones de derechos humanos, la destrucción de bosques de alto valor y el uso de organismos modificados genéticamente (transgénicos).
Al romper los lazos con el Grupo Danzer, FSC protege su reputación y su marca, ¡Bien hecho!
Para entender la importancia de lo ocurrido, viajemos hacia atrás y recordemos por qué Greenpeace presentó la denuncia contra el Grupo Danzer.
En mayo de 2011, la empresa Siforco (una subsidiaria de Danzer) avisó a la policía y a los militares para sofocar las protestas de las comunidades locales en Yasilika contra las operaciones de la empresa y de su incapacidad para cumplir con sus obligaciones sociales.
Esta acción policial acabó con miembros de las comunidades locales heridas y con sus propiedades destruidas. También hubo denuncias de violación y una persona murió posteriormente debido, al parecer, por las lesiones.
Para Greenpeace, el caso era evidente: era necesario que el Grupo Danzer asumiera su responsabilidad por la participación de su empresa en estos hechos. Habíamos estado documentando los conflictos en las zonas donde la compañía operaba en la República Democrática del Congo desde 2005, y este suceso no fue un incidente aislado.
Por ello, damos la bienvenida a la decisión de FSC. Todavía no está claro que esto vaya a ayudar al pueblo de la República Democrática del Congo y otros países o si se va a rectificar los atropellos pasados de la multinacional, pero es un comienzo.
Es un mensaje importante para los gestores forestales: estas prácticas son totalmente inaceptables y que se les puede pedir responsabilidades.
Greenpeace no espera ningún certificado FSC en República Democrática del Congo en un futuro próximo ya que las empresas no están preparadas, ni siquiera el propio FSC.
Por desgracia, el caso Yalisika no es un caso aislado. Los conflictos violentos son frecuentes en la RDC, donde el sector maderero se desenvuelve en un clima de caos organizado.
Esperamos que esta decisión impulse al FSC en un proceso que fortalezca su sistema y lo haga más creíble en zonas de alto riesgo donde la falta de gobernanza y la corrupción es una práctica común.
Después de la reclamación de Greenpeace, el Grupo Danzer vendió la empresa Siforco y ha vendido su concesión forestal al Groupe Blattner Elwyn. Está claro que no puede vender y desligarse así de los problemas que ha causado en el pasado. Esta multinacional tiene que pagar por ello perdiendo sus certificados y tiene que hacer lo que hace años debería haber hecho: respetar el derecho de las comunidades locales y proporcionales beneficios.
Por Greg Norman, Greenpeace Internacional