El 14 de enero, Felipe VI se va de viaje de negocios enviado por el Gobierno de España. Su destino, Arabia Saudí. Su objetivo, cerrar la venta de barcos de guerra españoles al régimen saudí. Sin embargo, este negocio que se pretende cerrar es ilegal.
La coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado en Yemen escuelas, hospitales, mercados, mezquitas y ha reconocido haber usado bombas de racimo en un conflicto en el que se han cometido graves violaciones y abusos. Hasta finales de 2016 el conflicto de Yemen ha provocado la muerte a más de 7.000 personas, la mitad de ellas civiles, y ha herido a casi 40.000.
Por otro lado, Arabia Saudí somete a Yemen a un bloqueo naval desde marzo de 2015 que intensifica la catástrofe humanitaria provocada por la guerra en la que 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.
En este contexto, no sería una insensatez pensar que estos barcos de guerra 'made in Spain' pudieran utilizarse para llevar a cabo ataques sobre la población civil o, por qué no, mantener el ya existente bloqueo naval. Todas, graves violaciones del derecho internacional humanitario. Existen, como especifica la ley española, “indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz” o, como lo hace el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que podrían “utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra u otros crímenes de guerra”. La venta de barcos de guerra a Arabia Saudí es un negocio no solo inexcusable moralmente sino, además, ilegal en virtud del derecho español e internacional.
Esto lo sabe el Gobierno, que envía al Rey; lo sabe Navantia, que fabricaría las naves; lo sabe el Rey, que va de enviado; y lo saben todos los que desde sus asientos políticos apoyan este contrato. Lo saben porque ya se lo hemos dicho. Pero parece que hay que volver a recordárselo: matar civiles no debería ser un negocio, esta venta de armas es ilegal.