En el primer semestre del año 2009, España exportó más de 400 millones de euros en material de defensa y de doble uso, un 64,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra, sin embargo, responde sólo a las exportaciones realizadas: las autorizadas casi triplican esta cifra y rondan los 1.100 millones.

El aumento de las exportaciones de armamento, por parte de España pero también de otros países, es preocupante en sí misma porque muestra un incremento del militarismo global. Cuando los países dedican grandes partidas presupuestarias a comprar armas, disponen de menos fondos para atender a necesidades básicas de sus poblaciones. Además, aunque las armas no son la causa de los conflictos, agravan su impacto e incrementan la posibilidad y gravedad de violaciones de los derechos humanos.

En el caso de España, más preocupante incluso que la cifra son algunos de los destinos. Hemos seguido exportando armas a países en conflicto o donde se violan los derechos humanos, como Colombia, Marruecos, Arabia Saudí, Pakistán, Tailandia o Sri Lanka. En cuanto a armas de caza y tiro deportivo y sus municiones, Ghana sigue apareciendo como un destino prioritario (le hemos vendido más de 15 millones de euros en este material desde 2004).

Sin embargo, el año pasado hubo un destino incluso más preocupante: Guinea Conakry. Este país recibió cartuchos de escopeta por valor de 1,48 millones de euros (y se autorizaron otro 1,9 millones). Todo ello a pesar de que hubo un golpe de Estado condenado por la comunidad internacional y una brutal represión. Este país tiene ahora un embargo de armas.
Las organizaciones que trabajamos este tema saludamos como un avance la aprobación hace dos años de la ley que regula las exportaciones de armas, ya que ha incorporado mejoras en transparencia y en control parlamentario. Pero para evitar que sigan dándose destinos preocupantes, es necesaria más voluntad política del Gobierno para aplicar la ley correctamente, algo que hasta ahora no se ha dado.

También sería útil que respondieran a algunas preguntas: ¿Con qué criterios se interpreta la situación en los países de destino? ¿Qué informes consultan a la hora de autorizar exportaciones? ¿Qué garantías reciben sobre el uso y destino final de las armas? A todo esto debería responder un Gobierno que siempre ha hecho alarde de apostar por la paz pero que, a veces, parece poner por encima de esto los intereses y beneficios de las empresas.

Mabel González Bustelo es responsable de la campaña de Conflictos y Medio Ambiente.