“Jueces, peritos y asamblearios del Tribunal Permanente de los Pueblos, venimos aquí para acusar a Endesa como autor intelectual del complejo hidroeléctrico Hidroaysén con el que se pretende represar ríos patagónicos con fines exclusivamente comerciales. Y acusamos a Enel, de Italia, actual y reciente controladora de Endesa, que ha decidido respaldar el mencionado proyecto”. Con estas contundentes palabras ha comenzado la exposición de Juan Pablo Orrego frente al Tribunal Permanente de lo Pueblos, que desde ayer juzga los abusos que las multinacionales españolas y europeas cometen en América Latina, y la complicidad de los Estados y de la propia UE en sus actuaciones.
Desde las 10 de la mañana, el salón de actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid ha sido testigo de las distintas acusaciones. Las voces de las personas afectadas por el inagotable apetito de las grandes compañías, a menudo silenciadas y/o ignoradas, han resonado alto en la sala. Líderes mapuches, indígenas peruanos, ecuatorianos, representantes de la sociedad civil colombiana, nicaragüense o guatemalteca han explicado a los 14 miembros del Tribunal cómo su modo de vida, su hábitat y su cultura se están viendo afectados, destruidos o amenazados por el ansia insaciable de las multinacionales, que buscan el beneficio a cualquier precio.
En este foro, Consejo de Defensa de la Patagonia, la Corporación Privada por el Desarrollo de Aisén, Ecosistemas-Chile y Greenpeace han “sentado” a Endesa y Enel en el banquillo de los acusados del Tribunal Permanente de los Pueblos por su proyecto de construir cinco megarepresas hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Una zona prácticamente virgen de altísimo valor ecológico y cultural. Un proyecto innecesario, para el que existen alternativas, que inundará 6.000 hectáreas y que requiere la construcción de la línea eléctrica más larga del mundo.
Estos “nuevos conquistadores”, entre los que se encuentra Endesa, venden en España una imagen impecable, mientras fuera de nuestras fronteras sus actuaciones distan mucho de lo que aquí sería considerado aceptable o incluso legal.
En el caso concreto de Endesa, su proyecto de HidroAysén se basa en los derechos sobre el uso del agua adquiridos por una filial suya durante el último año de la dictadura chilena. De este modo, los ríos de la Patagonia pasaron a tener dueño: la multinacional española. Las cinco presas de los ríos Baker y Pascua son solo la punta del iceberg.
Sin embargo, tal y como aseguró Orrego al final de su exposición: “Todavía estamos a tiempo de evitar este crimen medioambiental y cultural absolutamente innecesario. Aquí estamos viendo muchos ejemplos de hechos consumados. Aquí tenemos tiempo de parar esto, de detener a Endesa y Enel antes de que sea demasiado tarde”.
Desde el Tribunal de los Pueblos, Marta San Román, prensa de Greenpeace