El lunes a las 11 de la mañana, casi doscientas personas abarrotaban la sala Ramón Gómez de la Serna, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El Tribunal Permanente de los Pueblos iba a anunciar su dictamen sobre las actuaciones de multinacionales españolas y europeas en América Latina, y sobre la complicidad de la UE y sus Estados a la hora de promover su expansión allí.

El viernes y el sábado, el Tribunal escuchó los testimonios de afectados y testigos, que explicaron los atropellos cometidos en sus países por empresas del sector minero, eléctrico, de hidrocarburos, de aguas, farmacéuticas, etc., y el apoyo que reciben de la UE y los estados europeos, hagan lo que hagan, en cualquier lugar. Después de deliberar durante la noche del sábado y el domingo, éste era el gran momento.

El Tribunal no defraudó. En su sentencia, de más de treinta páginas, analiza los fundamentos jurídicos en los que se basan las actuaciones de las empresas multinacionales y aquellos, mucho más débiles, en que puede basarse la defensa frente a su poder y sus arbitrariedades. Hay varios apartados de recomendaciones, algunas muy relevantes. Por ejemplo, piden a los estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) reformar el Estatuto de la Corte para incluir los delitos económicos, medioambientales y contra los derechos humanos cometidos por estos actores.

Piden un centro permanente de observación y análisis de las actividades de estas empresas en el marco de la Unión Europea, y códigos de conducta obligatorios. Piden a la sociedad civil que haga uso de mecanismos para limitar sus actuaciones: por ejemplo, en la UE, la iniciativa legislativa prevista en el Tratado de Lisboa, que supone que con un millón de firmas se pueden impulsar iniciativas legislativas sobre la actuación de las multinacionales.

Greenpeace y varias organizaciones chilenas sometimos al Tribunal el caso de las presas que Endesa y Enel planean construir en la Patagonia de Chile. En este caso, junto con otros que están todavía en proyecto y no consumados (presas en la Amazonia y en Colombia, minas de carbón en Guatemala, etc.), el Tribunal exhorta a la suspensión de los proyectos por sus “impactos negativos enormes para la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas”.

Algunos dirán que esto no vale nada. Las sentencias del TPP carecen de valor jurídico ya que se trata de un tribunal de conciencia cuyos dictámenes tienen “solamente” peso moral y ético. Pero los propios miembros del tribunal recordaron hoy a la sociedad civil una cuestión importante: “aprópiense de esta sentencia, háganla suya, y utilícenla para lograr justicia”. 

Mabel González Bustelo, responsable de la campaña de Conflictos y Medio Ambiente.