Dando vueltas en la cama sin poder dormirme ayer por el calor, me acordé de un informe sobre el aumento de temperatura provocado por el efecto invernadero que leí el pasado mes de mayo.

Este estudio, publicado en la revista 'Nature Geoscience' advierte del aumento de la frecuencia de olas de calor y arroja las siguientes previsiones con vistas a 2100: la región mediterránea podría pasar de una ola de calor al año -promedio calculado entre 1961 y 1990- a tres en 2100.

Lo anterior implica que de una media de 1,6 días anuales en los que la temperatura alcanza el límite de 40,6ºC (umbral estadounidense para considerarlo motivo de alarma para la salud pública) pasaríamos a un promedio de 16 en 2011, con los impactos que esto tendría en sectores económicos clave como la agricultura o el turismo y con efectos devastadores para la salud de los colectivos más vulnerables. Recordemos, en este sentido, que la ola de calor de 2003 le costó la vida a unos 40.000 europeos.

Los impactos del cambio climático están al orden del día, pero las emisiones de CO2 no dejan de aumentar. Sin ir más lejos, el récord que experimentaron las emisiones de CO2 en 2010 llegaba la misma semana en que se hacía público que el invierno pasado ha sido el peor de la historia para el Ártico, que ha registrado los niveles más bajos de hielo desde 1979.

A estas alturas ya no tiene ningún sentido dudar de la gravedad del cambio climático y, de hecho, son minoría los que todavía lo hacen, pero una cuestión diferente es ponerle freno. Detener el cambio climático implica reducir drásticamente las emisiones de CO2 y ahí es dónde surge el problema: pese a que no hay, me atrevería a decir, ningún gobierno en todo el mundo que dude de la necesidad de actuar sí existen fuertes presiones de sectores económicos relacionados con los combustibles fósiles que se oponen. No se trata, por lo tanto, de una cuestión macro económica sino en los intereses particulares de sectores muy determinados que en Greenpeace hemos ejemplificado estos días con el caso de Volkswagen.

Asumir mayores compromisos climáticos en la UE es compatible con la reactivación económica y con la creación de empleo. Multitud de estudios independientes y hasta la Comisión Europea han acreditado que asumir un 30% de reducción de emisiones para 2020 generaría importantes ahorros en prevención de la contaminación y sanidad, incentivaría sectores claves para la economía europea, crearía empleo y potenciaría nuestra independencia energética.

En un artículo publicado esta semana en el Financial Times, ha sido el prestigioso economista Nicolas Stern quién ha establecido el compromiso del 30% de reducción de emisiones de la UE para 2020 como el paso necesario para marcar la transición de la industria europea hacia una economía verde. En el mismo artículo, Stern se hace eco de las conclusiones de los informes mencionados anteriormente y advierte a la UE que si no se asume mayores compromisos climáticos que aporten la certeza que el sector privado necesita para planificar y priorizar sus inversiones va a quedar atrás en el panorama económico mundial, frente a países como China o Corea del Sur que ya están invirtiendo de forma asombrosa en tecnologías renovables.

Mientras todo esto sucede, la UE sigue priorizando los intereses de unos pocos frente al clima, la salud y la economía del resto... Quien avisa no es traidor y el último en hacerlo ha sido Stern este mismo lunes.

Aida Vila (@Aidavilar), responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace

- Web de la Alianza rebelde Pide a Volkswagen que deje el lado oscuro.
- Compilación de estudios sobre los beneficios económicos derivados de un objetivo europeo del 30% para 2020