Cuando se trata de derechos fundamentales, el Gobierno lo tiene claro: mejor legislar fuera del periodo electoral. De modo que han metido la directa.
El pasado martes el Gobierno cerró súbitamente el periodo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Solo han dejado una semana de plazo. Cuando vemos las enmiendas que el propio Grupo Popular en el Congreso ha presentado, empezamos a entender el porqué de tanta urgencia: los últimos casos de protesta contra sus medidas o los extranjeros que intentan cruzar las vallas de Ceuta y Melilla.
Por ejemplo, una de las enmiendas considera las infraestructuras de telecomunicaciones como infraestructuras críticas. Esto penalizará, por ejemplo, a trabajadores de televisiones o radios públicas que se manifiesten en su lugar de trabajo por demandar el carácter público de un medio de comunicación o la defender un periodismo independiente.
Otra enmienda del PP incluye una nueva disposición para modificar la Ley de Extranjería y permitir que los extranjeros que sean detectados en las fronteras de Ceuta y Melilla intentando cruzar de forma clandestina sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. Lo que abre la puerta a las “devoluciones en caliente”, y dan carpetazo a sus obligaciones con la legislación internacional y el respeto de los derechos humanos.
Las enmiendas, además, modifican al alza las facultades atribuidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en materia de prevención, identificación, disolución de manifestaciones o identificación y sanción de infracciones. Se trata de un ataque directo a nuestros derechos civiles y pone en grave riesgo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en España.
Diversas instituciones y ONG cuestionan el motivo y justificación de algunas infracciones, que suponen una restricción al derecho a la libertad de reunión pacífica sin que se conozca el bien jurídico que se quiere proteger. Amnistía Internacional, por su parte, recuerda que el derecho internacional establece una presunción general en favor de las reuniones y manifestaciones pacíficas y que cualquier limitación general de los lugares en los que puede realizarse una reunión necesita una justificación suficiente.
El pasado jueves 16 se votaron las enmiendas a la totalidad de la ley con toda la oposición en contra. No importó: la libertad y los derechos de la ciudadanía parecen molestar al Gobierno, que sacó la ley adelante.
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