El Parlamento Europeo nos acerca a una prohibición real a los transgénicos

Tercera edición de la Semana de Lucha contra los Transgénicos. Decenas de actividades por todo el territorio nacional. Conferencias, debates, proyecciones de películas, exposiciones, concentraciones, pancartas en lugares simbólicos, visitas a las instituciones europeas… y hasta una cofradía con un sufriente maíz. Esta mañana por ejemplo, un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas se concentraba ante el Parlamento andaluz para exigir un cambio inmediato en la política de transgénicos del Gobierno de la región.

Es evidente que el deseo mayoritario de la ciudadanía es que se acabe ya con los absurdos transgénicos. De todas partes surge el clamor pidiendo, por lo menos, una moratoria inmediata al maíz transgénico de Monsanto, el llamado MON 810.

Ayer la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votó unas enmiendas que mejoran enormemente la propuesta de nueva legislación de transgénicos de la Comisión Europea. Según estas enmiendas, y de ser finalmente aprobadas en el plenario del Parlamento el próximo 7 de junio, se consolidaría el derecho de los países a prohibir los transgénicos y se obligaría a las multinacionales de los transgénicos a pagar por los daños producidos por sus diabólicos inventos.

Todo esto constituyen señales que deben ser escuchadas por las instituciones europeas. Todo esto converge hacia una Europa libre de transgénicos. Recordemos que son ya diez los estados miembros que de alguna manera han prohibido el cultivo de maíz o de patata transgénicos.

Y mientras tanto, en España parece que el Gobierno del señor Zapatero y de la ministra Aguilar está a otra cosa. Parece que la voz de las multinacionales biotecnológicas no les deja escuchar el clamor antitransgénico. Por ello, y a pesar de todas las declaraciones de intenciones iniciales, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ha optado por no ponerle trabas a estas empresas, por protegerlas.

Por eso se niega en el MARM a que en la denominada Comisión Nacional de Bioseguridad entren científicos que no sean directamente afines a estas multinacionales. Por eso el denominado Comité de Participación, en lugar de escuchar a las organizaciones críticas con los transgénicos, juega a “torearlas” y atiende casi solamente a la voz de Monsanto y de quienes defienden y son defendidos por esta multinacional u otras de similar calado.

Por eso, en definitiva, en un ambiente de ausencia de transparencia y de libertad de elección, en nuestro territorio hay más de 70.000 hectáreas con cultivos de organismos modificados genéticamente que casi nadie quiere y cuyos efectos ambientales, sanitarios y socio económicos representan una agresión tolerada por el Gobierno.

Juan-Felipe Carrasco, campaña de Transgénicos de Greenpeace