Si hay una palabra que hemos escuchado hasta la saciedad en los últimos meses ha sido la palabra corrupción. Malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental...son términos que escuchamos cada día en las noticias mientras perdemos la cuenta del número de imputados e ingresos en prisión de personajes de todo tipo, desde altos cargos políticos hasta populares tonadilleras.
Los tentáculos de la corrupción han llegado tan lejos que la Comisión Europea ha situado a España entre los países que más contribuyen a engordar la cifra de los 120 millones de euros anuales que cuesta la corrupción a la UE. Y en España, esa corrupción va a menudo de la mano de la destrucción del medio ambiente.
Tras el reguero de casos de corrupción nos queda una lacra de desprotección del territorio, resultado de las maniobras irregulares para levantar urbanizaciones y hoteles en terrenos recalificados junto al mar o en espacios naturales protegidos.
Algunas de las tramas de corrupción más escandalosas que han provocado los mayores daños al medio ambiente se han recogido en el informe Radiografía social del medio ambiente en España. Desde casos de enterramientos ilegales de toneladas de residuos sin tratar en Orihuela, o la corrupción en la gestión de residuos de Mallorca con la operación Cloaca, a una lista interminable de tramas de especulación urbanística. Buenos ejemplos son el caso Malaya, basado en recalificaciones de terrenos rústicos a urbanos, que se entregaban a precios muy bajos a constructoras; o el caso Novo Carthago, con un proceso de recalificación de un espacio virgen en el Mar Menor.
Sólo en 2011, se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana, y se dictaron 408 condenas.
Por si esto fuera poco, vivimos en un país donde el sistema de puertas giratorias está presente en los principales sectores de producción. Estas puertas permiten a políticos moverse desde sus altos cargos a puestos en grandes empresas, muy bien pagados, por cierto.
Si bien el sector de las eléctricas es el más conocido por la interminable lista de casos de puertas giratorias, tampoco se libran el sector de la agricultura o la pesca. Por ejemplo, en el caso de los transgénicos, muchos de los científicos que han pertenecido a la Comisión Nacional de Bioseguridad, el órgano “científico” sobre el que el Gobierno deja toda responsabilidad sobre los transgénicos, tenían algún tipo de vínculo con la industria de los transgénicos. Así, no es de extrañar que España sea el único país de la UE que cultiva transgénicos a escala comercial y que en los últimos meses se haya convertido en un férreo defensor de la introducción de más variedades en la UE.
El Medio ambiente paga los daños de la corrupción, y junto al medio ambiente, lo pagamos todas las personas.
#ElMedioAmbienteImporta
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