Hoy jueves 25 de junio el Gobierno Español tiene su particular “selectividad”. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a evaluarlo de un asignatura donde ha estado muy flojo este curso: Derechos Humanos.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tiene como objetivo mejorar la situación de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Bajo este mecanismo, cada cuatro años y medio es revisada la situación de derechos humanos de todos los países miembros. Cada año son “examinados” 42 estados en un proceso que de tres sesiones que se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.
España se examina hoy en Ginebra. Durante 70 minutos, un representante del Gobierno español presentará un Informe Nacional donde dará respuestas a las preguntas elaboradas de manera anticipada por otros estados. Preguntas entre las que se encontrarán algunas preocupaciones de la sociedad civil.
¿Qué dirá el Gobierno español sobre las serias limitaciones a la libertad de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación, limitaciones recogidas en las denominadas ‘leyes mordaza’ y contrarias a las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos?
¿Cómo justificarán nuestros representantes estas reformas que incorporan infracciones que apuntan directamente a las formas de expresión de muchos colectivos (activistas pacíficos, inmigrantes, personas sin recursos, desahuciados, preferentistas, etc.) que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana?
¿De qué manera explicarán nuestros políticos que las reformas llevadas a cabo no contemplan el endurecimiento de las penas por corrupción o contra la hacienda pública?
¿Se acordará nuestro representante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente que sancionar en vía administrativa a los participantes en una reunión pacífica, aunque no haya sido comunicada previamente a las autoridades según el procedimiento administrativo nacional, supone una restricción ilegítima del art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos?
¿Rebatirá el examinado las palabras del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Sr. Maina Kiai, quién comunicó al Gobierno español su preocupación de que la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (que entrará en vigor el próximo 1 de julio) “apunta a una vulneración de la propia esencia del derecho de manifestación al penalizar un amplio número de conductas inherentes al propio ejercicio de este derecho fundamental, originando una importante limitación en el ejercicio del mismo”.
El Gobierno español no ha hecho los deberes, ha suspendido todos los parciales y ha hecho ‘pellas’ durante el curso, pero intentará vender una imagen de total normalidad. Como los malos estudiantes, dirá que los profes le tienen manía.
¿Qué puedes hacer tú?
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