La Fiscalía de Tarragona ha solicitado 16 años de cárcel para las personas que en 2007 ocupaban el cargo de Director de la central nuclear de Ascó, Jefe de Servicio de Protección Radiológica y Jefe de Explotación de la misma, y de Inspector Residente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en esta central, por cuatro presuntos delitos: contra la seguridad colectiva por exposición a las radiaciones ionizantes, contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental, todo ello en relación al escape al medio ambiente de material altamente radiactivo de la central de Ascó-1 ocurrido ese año.
Greenpeace se alegra de esta decisión de la Fiscalía, cuya denuncia concreta las diligencias que de oficio, y también a instancias de Greenpeace, emprendió tras conocerse la existencia de este escape.
Aunque este accidente radiactivo ocurrió en noviembre de 2007 (en realidad se liberaron partículas radiactivas desde noviembre de 2007 a enero de 2008), la opinión pública sólo fue informada de ello varios meses después, gracias a que Greenpeace lo denunció el 5 de abril (tras ser alertada al respecto por algunos trabajadores). Obviamente el suceso era conocido desde mucho antes por la central nuclear, y también, al menos con cierta anterioridad, por el Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo oficial supuestamente responsable de asegurar nuestra protección radiológica. A pesar de conocerlo de antemano, ambos, informativamente hablando, actuaron a remolque de Greenpeace, cuya denuncia pública les obligó a salir de su lamentable mutismo y a reconocer la existencia del escape.
El CSN, tras una primera reacción lamentable, en la que haciendo un análisis simplista y falto de rigor de la situación trató de minimizar la importancia del escape, finalmente tuvo que reconocer que la central nuclear ocultó información y aportó datos falsos sobre la cantidad de radiactividad liberada (que aún no se conoce con exactitud) y que realizó un control inadecuado del material radiactivo. La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV) que gestiona las centrales de Ascó-1, Ascó-2 y Vandellós-2 ya fue sancionada en 2006 por un grave suceso ocurrido en 2004 en esta última central, el cual fue finalmente calificado por el CSN como “el más grave después del accidente de Vandellós-1” (ocurrido en 1989), ya que afectaba al sistema de refrigeración del núcleo del reactor. ANAV también ocultó este suceso durante meses. El CSN reconoció, en una investigación en el Congreso de los Diputados, que ANAV priorizó sus intereses económicos a la seguridad y mantuvo Vandellós-2 funcionando en condiciones de “seguridad degradada”.
El escape al medio ambiente de material altamente radiactivo provocado por la central nuclear de Ascó-1 (propiedad de Endesa e Iberdrola) no es sólo una nueva demostración de la política obscurantista y secretista de la industria nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino que también es una prueba más de la inaceptable peligrosidad de la energía atómica.
En realidad, el secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. La industria nuclear, que se presenta a sí misma como segura, no puede reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología. Hacerlo sería lo honesto, pero cuando la prioridad es superar el declive mundial en el número de encargos de reactores, la industria nuclear es capaz de negar hasta la existencia de catástrofes como la ocurrida en el accidente de Chernóbil en 1986, cuyo coste en vidas humanas se cifra ya en más de 200.000, según estudios recientes, entre ellos de la Academia de Ciencias Rusa.
La energía nuclear, además de peligrosa y sucia (no olvidemos el problema no resuelto de los residuos radiactivos, cuya peligrosidad permanece durante cientos de miles de años), ha demostrado no ser competitiva. Por ello, los propietarios de centrales nucleares tratan de maximizar beneficios a costa de reducir los márgenes de seguridad, lo que finalmente redunda en un aumento del riesgo de sufrir un accidente grave. El escape de Ascó es un aviso de accidentes aún más graves que podrían pasar.
El Gobierno socialista de Zapatero debe cumplir su compromiso de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por “energías limpias, seguras y menos costosas”, como reza su programa electoral a las Elecciones Generales 2008. La viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica sostenible, basado al 100% en energías renovables, es un hecho ya comprobado científicamente. Zapatero sólo tiene que decidirse entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las presiones del lobby nuclear.
Carlos Bravo y Rodrigo Marcos, campaña de Nuclear de Greenpeace
Noticia: Greenpeace valora positivamente que se exijan todas las responsabilidades en el escape de partículas de la central nuclear de Ascó
- Campaña de Nuclear de Greenpeace