El pasado 4 de febrero el Boletín Oficial del Estado recogía la concesión a J. M. Villar Mir del título de Marqués de Villar Mir, por su “destacada y dilatada trayectoria al servicio de España y de la Corona”, para él mismo y sus sucesores de acuerdo con la legislación nobiliaria española. Esto que podría parecer una broma ha sucedido de verdad.
Villar Mir es el dueño de Fertiberia. Esta empresa ha sido una de las que ha condenado a Huelva a padecer contaminación crónica durante décadas. Esta empresa ha sido condenada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por delitos contra los recursos naturales y el Medio ambiente, y por no cumplir el contrato de la Concesión para verter fosfoyesos, lo que ha supuesto una acumulación de más de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos y radiactivos en las marismas del Tinto. Además, tiene pendiente depositar 21,9 millones de euros, hace más de un año, para garantizar las tareas de restauración de la zona.
No parece que estas actuaciones sean acordes a una “destacada y dilatada trayectoria al servicio de España”. Lejos de ello, más bien parece un destacado y dilatado desprecio por las leyes ambientales y la salud de las personas. De nuevo en nuestro país se cumple la premisa de “quien contamina no paga ni euro”, y no solo eso, además se le da un reconocimiento del que no parece ser merecedor.
Desde el 1 de enero, la ciudad de Huelva disfruta del fin de los vertidos de fosfoyesos. Este logro se ha conseguido gracias al empeño, trabajo y empuje de colectivos ciudadanos y organizaciones ecologistas, que han trabajado para denunciar una situación de contaminación intolerable. Y no se nos olvide que todo ello ha ocurrido, con el conocimiento del señor marqués y el beneplácito de la Junta de Andalucía.
Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace.
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