El cuento del carbón

Érase una vez un país con gran potencial en energías renovables en el que el Gobierno aprobó un Real Decreto para 'subvencionar' la producción de energía mediante la quema de carbón.

Los empresarios del sector minero tenían excedentes de carbón -extraído mediante ayudas estatales- que no era competitivo en el mercado y pedían al Gobierno nuevas ayudas para venderlo a cambio de pagar los salarios que les debían a sus mineros. Subvencionar dos veces la misma cosa no parece la mejor manera de solucionar un problema, pero el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no pensaba lo mismo. Así que apostó por poner un parche más al sistema alegando la necesidad de 'prestar ayuda a los mineros'.

Las instituciones europeas pidieron explicaciones al Gobierno y el Ministro emprendió camino a Bruselas, con el Real Decreto bajo el brazo y un nuevo argumento para justificarlo: el Real Decreto era para garantizar el suministro eléctrico ante previsibles problemas. Lo de “una ayuda al minero” no encajaba para nada con el régimen europeo de ayudas a la industria del carbón, que sólo admite la reconversión, así que la única manera de conseguir el beneplácito europeo era centrarse en la “seguridad del suministro”. Pero a la Comisión Europea no le cuadraban las cosas ¿podía tener problemas de suministro un país cuyas previsiones energéticas a 2020 sólo recogían aumentos en la exportación de electricidad?

Tras darle muchas vueltas y seguir sin verlo claro, la Comisión decidió aprobar el Real Decreto con algunas condiciones. Así, el ministro volvió a casa feliz y anunció a los cuatro vientos que el Real Decreto del carbón ya era plenamente aplicable.

Pero se le olvidaba otro detallito: las compañías eléctricas que producían electricidad con medios diferentes al carbón nacional se sentían injustamente desplazadas del mix energético por el Real Decreto. Así fue como algunas compañías impugnaron el Real Decreto ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE y solicitaron la suspensión de su aplicación. Y así fue como un grupo de organizaciones ecologistas decidieron intervenir en estos procesos judiciales ya que estas compañías, pese a auto-denominarse “verdes”, no habían puesto en conocimiento del Tribunal sus impactos ambientales.

Sin poder aplicar el Real Decreto, al Gobierno volvían a lloverle las críticas del sector minero, así que decidió negociar con las compañías eléctricas para que retiraran la petición de suspensión a cambio de aprobar por orden ministerial las compensaciones que la UE le había obligado a quitar del Real Decreto. Mientras la Comisión Europea no se enterara todo iría bien...

Todo, menos que el Real Decreto sigue siendo ilegal y, además de implicar importantes gastos en si mismo, ahora también conlleva estas compensaciones externas. Daños colaterales insignificantes para el ministro de Industria que contento de que su castillo de naipes energético se mantenga en pié, se mira al espejo y se felicita. Al fin y al cabo, lo que pase con el medio ambiente o la economía del país no es problema suyo!

Y no digo colorín colorado, porque, tristemente, este cuento todavía no ha acabado...