El CSN actúa como si Fukushima no hubiera pasado

La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de autorizar la prorroga del funcionamiento de Ascó, es precipitada, aventurada, dependiente y, sobre todo, no vinculante.

Aunque el CSN autorice su funcionamiento 10 años más, el 1 de octubre, el Gobierno debe y puede denegar la renovación del permiso de funcionamiento de la central nuclear de Ascó, en Tarragona.

Es precipitada porque el CSN puede esperar a tener los informes encargados por la Comisión europea sobre las pruebas de resistencia a los reactores nucleares europeos, ya que según anunció la propia presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, en la I Conferencia Reguladora de Seguridad Nuclear en Europa, las autoridades reguladoras nucleares deben remitir antes del 15 de septiembre "un informe preliminar" a la Comisión Europea sobre los "primeros resultados" de las pruebas de resistencia a los reactores nucleares en los Estados miembros y su informe "completo" antes del próximo 31 de octubre.

Es aventurada porque sin tener todos los requisitos de autorización vigentes, como es el caso de las instrucciones técnicas complementarias (ITC) relativas a las pruebas de resistencia derivadas del accidente de Fukushima, conceden la autorización.

Es dependiente del cumplimiento por parte de Endesa e Iberdrola, compañías propietarias, de las acciones correctivas que deben llevarse a cabo antes del 31 de diciembre, y que son motivadas por los sucesivos fallos notificados en 2011.

Ascó ha acumulado casi un centenar de problemas de funcionamiento en los últimos 4 años. El más grave, el 26 de noviembre de 2007, con un escape masivo de partículas radiactivas que contaminó sus edificios y el entorno, llegando hasta la costa. Pero la dirección de la central y el CSN escondieron la contaminación durante más de 4 meses, poniendo en peligro el medio ambiente y la salud de la población, hasta que Greenpeace denunció lo que había pasado. Todavía se tienen que depurar las responsabilidades legales.

Pero sobre todo, no es vinculante porque la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 14 de julio, sobre el cierre de Garoña, dice que las compañías propietarias no deberán recibir indemnización por el cese de la actividad nuclear. Y que el Gobierno, si quiere, puede cerrar una nuclear incluso si la planta tiene el visto bueno del CSN para funcionar más tiempo.

La catastrofe de Fukushima es una nueva demostración de la peligrosidad intrínseca de la energía nuclear, y también en la valoración y consideración de la seguridad el CSN se precipita y aventura. Sirvan como ejemplo las declaraciones de su directora, Isabel Mellado, que el 13 de marzo decía que el problema en Japón no había sido interno, ni siquiera sísmico, había sido el tsunami el que había inutilizado los equipos auxiliares y ha dejado a las centrales sin energía". Pero el 20 de mayo, Tepco, la compañía propietaria la desmentía explicando que cuando el tsunami llegó ya tenían problemas, que el terremoto si afecto a la nuclear, y que se produjeron fallos en los protocolos.

Mellado afirmaba entonces que las cantidades de radioactividad liberadas no eran las habituales, pero no era una situación dramática. Tepco vuelve a dejar fuera de juego a la directora del CSN anunciando que ayer se habían detectado 10.000 milisieverts de radiactividad, el nivel más alto desde el pasado 11 de marzo. Pero hay más, su director técnico de Protección Radiológica, Juan Carlos Lentijo, el 16 de marzo afirmaba que en todos los municipios con plantas atómicas se hacen periódicos simulacros nucleares (al menos una vez al año); sin embargo Francisco Moreno, alcalde del PP en el municipio de Trillo afirmaba que en su pueblo desde 2002 no ha habido ningún simulacro y aquel ya fue precipitado.

Por todo ello, el próximo 1 de octubre el Gobierno debe tomar una decisión independiente del CSN y denegar la nueva licencia de explotación a Ascó clausurando esta peligrosa central nuclear e iniciando, como está haciendo Alemania, el camino hacia el abandono de la energía nuclear y su sustitución por energías renovables que son limpias y seguras. Y en cualquier caso el Gobierno, sabiendo que su decisión si es vinculante, no debe precipitarse y esperar a los resultados de las pruebas de resistencia que se están efectuando a las centrales nucleares.