Ayer domingo la Unión Europea y Canadá firmaron el controvertido acuerdo sobre protección de las inversiones, cooperación reguladora y comercio, acuerdo que pronto será arrojado al basurero de la historia.



Lo de ayer en Bruselas fue mucho más que un simbólico apretón de manos o una sesión de fotos. Es la imposición a los ciudadanos europeos y canadienses de una ideología que antepone el interés de la corporaciones al de las instituciones democráticas. Pero el primer ministro canadiense Trudeau y los gobiernos europeos saben que el CETA está herido de muerte y que el debate que han intentado eludir es ya inevitable.

Este acuerdo no sobrevivirá al control democrático y al largo proceso de ratificación durante los próximos meses. El acuerdo entre la UE y Canadá sobre los derechos del inversor, la cooperación reguladora y el comercio pronto se enfrentará a una votación en el Parlamento Europeo y a muchas votaciones para su ratificación por los parlamentos de los 28 países de la UE. La legalidad de este controvertido sistema que permite a las transnacionales demandar a estados (conocido como el Sistema Judicial de Inversiones o ICS) también está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y del tribunal constitucional alemán. Este escrutinio legal será otro torpedo a la línea de flotación del CETA.

Lo vivido la semana pasada tras el veto inicial de los parlamentos regionales de Bélgica ha sembrado de dudas el contenido del CETA. Las tremendas presiones a las que la Comisión Europea y Canadá han sometido a estos parlamentos muestra el escaso interés por profundizar en las numerosas inconsistencias del acuerdo, incluso para aquellos gobiernos y parlamentos que son favorables a firmarlo. Como resultado, el texto del CETA viene acompañado por otro texto, otro “acuerdo”, que recoge el conjunto de condiciones impuestas por Bélgica, texto que pone más interrogantes sobre la legalidad y el carácter independiente del ICS pero que no tiene carácter vinculante y que, a la hora de la verdad, no introduce cambios a la hora de aplicar este acuerdo de protección de las inversiones.

 

Pero los parlamentos regionales de Bélgica no estaban solos. Miles de regiones, ciudades y distritos de toda Europa se han opuesto a CETA y otras ofertas de similares que proponen dar derechos exclusivos a las multinacionales. Millones de ciudadanos han firmado peticiones y salido a las calles. Entre ellos los trabajadores, agricultores, organizaciones de consumidores, jueces, taxistas, médicos y maestros. Han hecho un llamamiento para la protección de los servicios públicos, la salud, el medio ambiente y los derechos sociales y laborales de los peligros de los tratados internacionales que dan poderes inversores privilegiados y limitan las decisiones democráticas en el nombre de "comercio".

Porque el problema no es solo el ICS. El principal objetivo del CETA es eliminar los “obstáculos al comercio”. No sólo las barreras arancelarias, que son pocas, sino las diferencias entre la legislación y los reglamentos entre la UE y Canadá. Esta eliminación de “barreras no arancelarias” significará un asalto a las medidas de protección pública, poniendo en peligro el derecho de los gobiernos a regular para proteger la salud pública, el medio ambiente o los derechos sociales.

Cada vez es más fuerte el movimiento de oposición a este modelo de globalización que pone los intereses de las corporaciones por delante de las personas y el planeta. Los vamos a parar.