Ayer se presentó en la India un informe elaborado conjuntamente por Greenpeace Conservation Action Trust y Urban Emissions en el que, por primera vez, se computan los costes, materiales y humanos atribuibles a la contaminación generada por la quema de carbón en las centrales térmicas del país.
Además del reguero de muerte que hay que asociar a esta fuente energética -entre 85.000 y 115.000 muertes prematuras anuales- el estudio advierte del aumento de las enfermedades cardiovasculares o respiratorias y de las repercusiones que estos factores tienen en la factura sanitaria y laboral del país. El informe cifra en 4.600 millones de dólares anuales la factura asociada a las repercusiones de la quema de carbón pasa usos energéticos en India.
Idéntico ejercicio se ha realizado en Europa, dónde las investigaciones de la Health and Environment Alliance han culminado en un informe según el cual las muertes prematuras anuales por esta causa alcanzan, en Europa, la cifra de 18.200 y la factura sanitaria asociada a este tipo de contaminación es de más de 42.000 millones de euros anuales.
Lo anterior no es de extrañar si tenemos en cuenta que, según la Agencia Europea de la Energía, entre el 80 y el 90% de la población europea está expuesta a niveles de contaminación atmosférica que superan alguno de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Unos niveles que se superan con creces en países como China, en los que la contaminación atmosférica se está convirtiendo en una cuestión de Estado.
Como todo, esta cuestión también tiene un lado positivo y es, precisamente, que son estos países que lideran el ránking de contaminación ambiental los que pueden actuar como resorte del cambio. Así lo apunta Greenpeace China en su estudio sobre la evolución de la demanda de carbón y se desprende de un análisis del Deutsche Bank "la voluntad de China de mejorar la calidad ambiental puede implicar una importante reducción de su consumo de carbón para usos energéticos” algo que le llevaría al sector de los combustibles fósiles a repensar sus planes de negocio en los que se incluye la quema de tres veces más de carbón, gas y petróleo del que el planeta puede asumir, según los científicos climáticos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
En España la cuestión ha sido ignorada por los sucesivos gobiernos que han provocado que seamos uno de los tres países de Europa en los que el consumo de carbón ha aumentado más entre 2009 y 2011, a golpe de subvención. Lo anterior no sólo ha aumentado la factura sanitaria, sino el gasto público asociado a la lucha contra la contaminación y a la compra de derechos de emisión. Y todo sin ni siquiera beneficiar a los trabajadores del sector o garantizar el futuro de las cuencas mineras.
En algo hemos avanzado: estos informes nos demuestran que poner barreras a la [R]evolución Energética ya no es justificable desde ninguna opción política. Es simple y llanamente poner los intereses económicos de un sector por delante de derechos como la vida o la salud de las personas, algo inaceptable. Quemar carbón mata y, a mi, gobiernos como el de España que ni siquiera se plantean en serio temas como la reconversión del sector minero me ponen enferma.
Aida Vila (@Aidavilar), responsable de la campaña Cambio climático de Greenpeace España.