Quizás éste hubiese sido el titular más acertado para el artículo publicado en este diario El Mundo el pasado 11 de noviembre de 2009, ya que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente han faltado a sus promesas de demolición del hotel ilegal de El Algarrobico, promoviendo con sus actos y pasividad que el hotel siga en pie.
Por mucho que pretenda ahora el Ayuntamiento de Carboneras (fiel escudero de los intereses privados de la promotora Azata del Sol), no puede volver 25 años atrás y dar alas a su planeamiento urbanístico obsoleto y enladrillado. Gracias a la lucha ecologista, a muchas denuncias en varios tribunales, 25 años después, existe normativa ambiental que avalan los argumentos de Greenpeace y que hacen que el intento por parte del Ayuntamiento de Carboneras de urbanizar El Algarrobico sea del todo inviable.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque (PORN) diseñado por la Junta de Andalucía está paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia, organismo que ha considerado que urbanizar El Algarrobico sería demoledor para el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. También la licencia de construcción del hotel debe ser revisada, según sentencia judicial porque, 25 años después, existe la Ley de Costas. Y así hasta 18 pronunciamientos judiciales que hacen que las normas urbanísticas de Carboneras sean presuntamente ilegales.
Que el Ayuntamiento de Carboneras apruebe una adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la que se mantiene la clasificación de suelo urbanizable al paraje donde se asienta el hotel (ilegal) de El Algarrobico no vienen sino a subrayar que la dejadez y la desidia por parte del Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía hayan provocado que este hotel sea la vergüenza nacional sobrepasando todos los límites conocidos. El Algarrobico no es sólo un escudo para especuladores sino que es un ejemplo claro de cómo ambas administraciones son incapaces de solventar la crisis económica y poner freno a la corrupción urbanística que se ha cebado especialmente en el litoral. En eso sí que hemos vuelto 25 años atrás.
Juan López de Uralde, director de Greenpeace España