España sigue basando su gestión hídrica en ofertar de forma ilimitada agua. Algo que es totalmente irracional en un país donde dicho recurso es limitado y está sujeto a fuertes fluctuaciones como consecuencia de las sequías periódicas que, además, se agravarán con el cambio climático. Semejante política nos llevará, más pronto que tarde, al colapso de los ecosistemas acuáticos, y a la pérdida progresiva de un recurso imprescindible para cualquier ser vivo.
Por eso, hoy 17 organizaciones ambientales y sociales de defensa del agua han presentado en el Congreso de los Diputados un documento que recoge los temas de especial importancia y prioridad en la gestión del agua en España. La finalidad del acto es que desde el Parlamento se agilicen un conjunto de medidas de gran relevancia en política hídrica que permitan corregir la situación y establecer un futuro sostenible en la gestión del agua.
Las cuestiones planteadas por la organizaciones, a los grupos políticos, son amplias y algunas deberían ser abordadas con urgencia, por su relevancia en cuanto al impacto social y ambiental que tienen. Otras son cuestiones de fondo que podrían ser implantadas a lo largo de la próxima legislatura.
Algunas de estas peticiones son: que la legislación española reconozca el Derecho Humano al Agua, que se revisen algunas infraestructuras hidráulicas en funcionamiento o en proyecto (como es el caso del trasvase Tajo-Segura, del río Castril, el dragado del Guadalquivir, los embalses de Yesa, Alcolea...), se haga una revisión de los regímenes de caudales ecológicos, se proceda a la ampliación de las reservas fluviales, se liquiden las sociedades estatales de aguas, entre otras.
Asimismo, todos los colectivos firmantes del documento asumen un compromiso también, y es trabajar para conseguir los cambios necesarios con los que encaminar la política del agua en España hacia la sostenibilidad, la justicia y la legalidad. Esta es la única manera de poder garantizar la calidad ambiental de nuestros ríos, acuíferos y humedales como condición imprescindible para el uso sostenible del agua, un recurso natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico del país.
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