¿Debe ZP pagar el sueldo a un Secretario de Estado de Energía "contaminado"?

El pasado 7 de enero, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, nombró Secretario de Estado de Energía a D. Fabricio Hernández Pampaloni.

Ya todo el mundo sabe, pues los medios de comunicación se hicieron amplio eco de ello en las últimas semanas, que D. Fabricio Hernández fue contratado meses antes por Nuclenor (50% Iberdrola, 50% Endesa), compañía propietaria de la central nuclear de Garoña (Burgos), como perito en el pleito planteado ante la Audiencia Nacional por esta empresa contra el Ministerio de Industria en relación con la Orden Ministerial ITC/1785/2009 de cierre definitivo de la central nuclear de Garoña en el 2013.

A petición de Nuclenor, el Sr. Hernández elaboró un informe denominado "Cuantificación del Lucro Cesante originado por la Orden ITC/1785/2009" en el que afirmaba que la central debía seguir funcionando hasta 2029 y además evaluaba en 951,4 millones de euros la compensación que el Estado debería pagar a Nuclenor por el cierre de Garoña.

En sí, el hecho es escandaloso, puesto que Fabricio Hernández es ahora juez (en su condición de Secretario de Estado de Energía) y parte en todo lo que concierne a Nuclenor, Endesa e Iberdrola.

Resulta difícil entender que sea nombrado Secretario de Estado de Energía una persona cuyos conocimientos amparan una Demanda contra el propio Ministerio de Industria, y en la que se solicita al Estado una indemnización para Nuclenor de la cantidad de 951,4 millones de euros.

Tampoco se entiende cómo el Consejo de Ministros cayó en la trampa que le tendió el ministro de Industria, Miguel Sebastián (ya conocido por ser pronuclear y anti-renovables, y estar en contra del cierre de Garoña), que fue quien propuso a Fabricio Hernández para ese puesto, pero lo cierto es que este nombramiento deja en entredicho la independencia de todo el Gobierno con respecto a las compañías eléctricas y el lobby nuclear.

En cualquier caso, como consecuencia directa de su actuación en el proceso judicial previamente citado, en aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, D. Fabricio Hernández deberá abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento que afecte a las empresas “Nuclenor”, “Endesa” e “Iberdrola”. Es decir, se deberá abstener de intervenir en la inmensa mayoría de decisiones que le corresponden en virtud de su cargo, convirtiéndose así en una especie de Secretario de Estado “virtual”.

En este caso, nos preguntamos si, en plena crisis económica, el Presidente Zapatero cree que puede cerrar los ojos ante este hecho escandaloso y permitirse el lujo de pagar el sueldo de Secretario de Estado de Energía a esta persona, que deberá continuamente inhibirse de tomar decisiones. Todo un lujo, en tiempos de crisis, y más teniendo en cuenta los sacrificios que el Gobierno nos pide a los ciudadanos para “calmar a los mercados”.