El anteproyecto de reforma de la Ley de Costas incluye un nuevo apartado en la disposición transitoria primera:
“No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos, a que estos se refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables.”
De la noche a la mañana, con estas líneas incluidas en el anteproyecto de reforma de Ley de Costas, algunos concesionarios de proyectos de acuicultura o explotación de salinas han incrementado considerablemente sus arcas patrimoniales. ¿Quiénes son los agraciados?
El exministro con el PP Abel Matutes Juan es vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, que para 2012 contaba entre sus prioridades con la reforma de la Ley.
Matutes es además, presidente de la Mesa del Turismo, un grupo de lobby formado por empresarios vinculados a este sector, como ellos dicen en un “intento de aportar una eficaz y positiva acción de influencia en favor del Turismo”.
Como presidente de la Mesa del Turismo ha mostrado “gran satisfacción” por esta reforma sobre la que él mismo declara haber intervenido directamente.
Y esta satisfacción no es para menos, tan sólo un apartado de cinco renglones ha hecho las delicias patrimoniales de familiares y allegados del ex-ministro de Asuntos Exteriores. El entramado empresarial de la familia Matutes y sus colegas empresarios es amplísima y se ha centrado, entre otros, en el sector turístico y hotelero, inmobiliario y gestión patrimonial. Es precisamente, en estos sectores donde Abel Matutes Juan y Gabriel Cañellas, ambos políticos del PP, pero sobre todo empresarios, han compartido negocios.
Hablemos de sal
Gabriel Cañellas, ex presidente de Baleares con el PP, ha ocupado diferentes cargos en el consejo de administración y en la actualidad es el presidente de Salinera Española S.A.
El patrimonio productivo de la empresa, como ellos mismos declaran, lo forman las Salinas de Ibiza y las Salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia). Sin embargo, como otro patrimonio, el “no productivo”, se le supone mucho más si atendemos al objeto social de la empresa: explotación de salinas; venta, comercialización productos dimanantes de la actividad antes descrita; adquisición, arrendamiento, enajenación fincas rusticas y urbanas; urbanización, parcelación terrenos y construcción de obras.
Y de hecho constan, entre otras, muchas propiedades en Formentera que hasta la reforma (y la amnistía a la Isla de Formentera) se encontraban en dominio público marítimo-terrestre y que ahora se excluyen como terreno público, con una disposición adicional a la carta en el anteproyecto “debido a la especial configuración geológica de la isla”.
Otra empresa de Cañellas, Ibifor S.A que nació de capital de Salinera Española, es propietaria de la mayor parte de los terrenos que rodean las salinas de Ibiza, y en Formentera, de todos los situados al norte de los estanques salineros. Muchas propiedades y parcelas se vieron afectados por la Ley de Costas de 1988 y ahora se convierten en un interesante regalo a la carta. No sólo se excluye del dominio las salinas sino que además se borran las periferias de protección de las mismas, es decir los colindantes 100 metros.
Hablemos de peces
En 1981, el grupo Matutes crea la empresa Cupimar, Cultivos Piscícolas Marinos, una empresa de acuicultura cuya explotación se sitúa principalmente en las salinas de la Bahía de Cádiz. Estas salinas habían pertenecido anteriormente a Salinera Española S.A., que en aquel momento también presidia Gabriel Cañellas.
En la actualidad, la empresa piscícola tiene concesiones en 25 salinas de la bahía de Cádiz que se encuentran en dominio público marítimo terrestre. Un total de veinticinco salinas en el término municipal de Puerto Real de las que el grupo Matutes pasaría a tener propiedad tras la aprobación de la nueva reforma. En una zona con alta presión industrial y portuaria como la bahía de Cádiz y el entorno de Puerto Real donde, entre otros, se proyecta el parque tecnológico de Las Aletas, sobre las marismas de Las Aletas, también en zona inundable, otorgar en propiedad estos terrenos parece un negocio redondo.
Pero Cupimar no se ha quedado en Cádiz, de hecho ha extendido su negocio a otras regiones españolas. Recientemente, ha adquirido el 75 % de la empresa Aquacría Arousa, que posee una piscifactoría en Cambados (Pontevedra). Una concesión, por otro lado, no exenta de escándalo. La parcela donde se ha autorizado está ubicada en el complejo intermareal de Ons- O Grove, zona protegida de la Red Natura y con denuncia por presuntas irregularidades en la tramitación de la licencia municipal y de la autorización de la Xunta. Como poco, con el nuevo texto costero, la empresa conseguirá una concesión de 75 años más.
Son muchas las empresas de acuicultura que han acabado en manos del grupo Matutes. Entre ellas destaca Cultivos Marinos Pitiusos S.A., presidida por Abel Matutes hijo y que se constituyó en 1989. Pero de peces, sólo tiene el nombre porque su actividad económica está vinculada a servicios financieros. Esta empresa es propietaria de los islotes de Ibiza, declarados reserva natural y constituidos por: sa Conillera, s´Espartar, s´Illa des Bosc y el grupo de ses Bledes.
Esta presunta relación entre la Ley de Costas y el grupo Matutes es sólo un botón. La costa es una franja muy jugosa para dar vía libre a muchos intereses empresariales que llevan mucho tiempo planeando silenciosos por nuestro litoral.
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Equipo de Investigación de Greenpeace España