Cortina de humo nuclear

El pasado 22 de diciembre, El País publicó los cables confidenciales del Departamento de Estado de EE.UU. obtenidos por Wikileaks sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas y los analizó en un extenso artículo. En este se explicaba que el 29 de enero pasado la embajada de EE.UU. en España envió un cable secreto a Washington donde se decía que el Ejecutivo español había endurecido las condiciones de seguridad de las centrales nucleares “consciente de la amenaza que el terrorismo supone para la industria nuclear” y para evitar ”la avalancha de publicidad negativa por accidentes recientes en sus instalaciones nucleares”. Se refiere, entre otros, al robo de uranio enriquecido en la fábrica de ENUSA en Juzbado (Salamanca) en 2007 (asunto, que sepamos, aún no esclarecido; o, de haberse solucionado, no se conoce explicación oficial alguna).

El artículo de El País también detalla que en dicho cable la embajada citaba que “el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizó un informe en 2006 en el que se indicó que el golpe más devastador que los yihadistas podrían asestar a España sería atacar una de las centrales nucleares”. Otra información interesante en el artículo era que Washington avaló la protección de los reactores españoles después de que un representante de la agencia de seguridad nuclear estadounidense (NRC) visitara la central de Cofrentes.

Greenpeace lleva muchos años denunciando que, como reconocen las agencias de inteligencia de los diferentes países, las centrales nucleares son instalaciones de alto riesgo, objetivo potencial de ataques terroristas (como lo son también los transportes de residuos nucleares).

Para alertar de ese problema, el pasado 15 de febrero activistas de Greenpeace llevaron a cabo una acción de protesta pacífica en el interior de la central nuclear de Cofrentes, en la que pintaron en la pared de una de las torres de refrigeración el texto “Peligro Nuclear”, demostrando así la falta de seguridad de la central nuclear.

Mediante esa protesta los activistas de Greenpeace demostraron que no es posible garantizar la seguridad de ninguna central nuclear y que este tipo de energía implica un riesgo inaceptable para una sociedad que, afortunadamente, dispone de otros medios más seguros para satisfacer su demanda energética, como son las energías renovables.

Cabe destacar que Greenpeace, desde el primer momento (6:30 a.m.), avisó a las autoridades de la entrada de los activistas en el interior de la central nuclear de Cofrentes para efectuar esa protesta pacífica, mediante una llamada a la Sala de Emergencias (SALEM) del Consejo de Seguridad Nuclear.

Sorprendentemente, el Gobierno socialista, en lugar de reconocer que la seguridad de la central nuclear se había puesto en cuestión y, en consecuencia, abrir un debate sobre la peligrosidad de la energía nuclear y sobre la necesidad y urgencia de cambiar nuestro modelo energético, se encargó de fabricar cortinas de humo y lanzarlas contra Greenpeace.

Así pues, esa misma mañana la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella Gómez, se apresuró a efectuar declaraciones a los medios de comunicación con respecto a esta protesta, en las que reiteradamente calificó la misma de “violenta” y de “agresiva” la actuación de los activistas, llegando a afirmar que uno de ellos había atacado con una radial a uno de los vigilantes de la central nuclear. Esa afirmación es absolutamente falsa, pues lo que sucedió en realidad fue que ese vigilante se cortó accidentalmente con el alambre de espino especial de una de las vallas de seguridad de la instalación.

Esas acusaciones son totalmente infundadas, pues esta acción, como todas las que realizan los activistas de Greenpeace, ha sido pacífica y en defensa del derecho al medio ambiente. De hecho, durante la declaración de los agentes de seguridad de la central ante la Guardia Civil quedó demostrada la actuación no violenta de los activistas. Según los propios agentes, “la actitud de los activistas no fue violenta ni agresiva en ningún momento”.

Greenpeace lamenta que, ante la ausencia de argumentos, la Delegada del Gobierno cayese en la realización de descalificaciones, acusando a los activistas pacíficos de Greenpeace de actos que nunca han cometido. Por ello, Greenpeace le ha dirigido esta mañana un burofax para exigirla que se retracte públicamente de sus acusaciones de violencia hacia los activistas de Greenpeace. De no producirse tal rectificación, Greenpeace no excluye ejercer las acciones legales que en Derecho le correspondan para defender el buen nombre de la Asociación y de sus activistas.