Tras la catástrofe del terremoto y posterior tsunami en Japón, los japoneses retoman su día a día. También para nuestros dos compañeros, Junichi Sato y Toru Suzuki, que aún no han cerrado un capítulo que ha marcado sus vidas. Tras la sentencia del tribunal de septiembre de 2010 en el que les condenaron a un año de cárcel sujeto a tres años de libertad con cargos, Junichi y Toru recurrieron la sentencia.
Mucho ha llovido desde entonces. Entre otras cosas, la propia Agencia de Pesca de Japón admitió en diciembre de 2010 que había habido malversación de fondos dentro de la industria ballenera.
Es decir, ratificaban las acusaciones de Junichi y Toru, afirmaban los hechos que les habían llevado a interceptar esa caja con carne de ballena de contrabando que luego entregaron a la policía como prueba. A esta disculpa pública por parte de la Agencia de Pesca de Japón le siguieron dimisiones entre ellas la de Jun Jamashita, conocido por su papel de negociador de los intereses de la industria ballenera en las reuniones de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Sin embargo, el tribunal de Aomori no ha admitido en la vista que ha tenido lugar hoy, testimonios y pruebas del escándalo que destaparon con su acción. Sigue tratando el caso como “robo y allanamiento” cuando claramente no eran el objetivo de sus acciones. Es más, los jueces miraron hacia otro lado ante la vulneración de sus derechos en el momento de su detención.
El tribunal dará su veredicto sobre la apelación de la sentencia el próximo 12 de julio. Junichi y Toru tendrán que seguir esperando para ver si finalmente, sus derechos, ya no como activistas sino como ciudadanos, a exponer y denunciar hechos delictivos y fraudulentos prevalecen o si la corte sigue fijando su mirada tan sólo en la caja con carne de ballena (etiquetada, por cierto, como “cartón”).
Los árboles no dejan ver el bosque en la corte de Aomori.
Elvira Jiménez (@elvirajn), campaña de Océanos de Greenpeace
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