Hay asuntos de largo recorrido que periódicamente saltan a las agendas de los medios de comunicación. En el caso español, uno de ellos es la contaminación radiactiva de Palomares (Almería). Recientemente hemos sabido que el gobierno español intenta que EE UU asuma sus responsabilidades y se lleve, a la mayor brevedad, el plutonio que aún queda contaminando el suelo de algunas zonas de este municipio.

Recordemos. En 1966, dos aviones del ejército estadounidense sufrieron un accidente al sobrevolar esta localidad y dejaron caer cuatro bombas nucleares, de las cuales dos liberaron carga. Aunque se realizaron tareas de limpieza y se retiraron las bombas, quedan zonas (cuatro) con restos radiactivos, calculados en unos 50.000 metros cúbicos de suelo contaminado.

Aunque ya habían pasado muchos años y el asunto parecía casi olvidado, los niveles reales de contaminación volvieron a ser noticia en el año 2003. Palomares tampoco quedó al margen del “pelotazo” urbanístico, y se iniciaron movimientos de tierra para construir promociones y viviendas. Esto llevó a que se iniciaran de nuevo gestiones para limpiar la zona.

Ahora, los cables de Wikileaks nos revelan que el Gobierno ha pedido a EE UU que asuma de una vez las tareas de limpieza, que preste apoyo técnico, y que pague la mitad de los 31 millones de euros que se estima costará la limpieza. También reclama que se lleven el plutonio, que España no tiene capacidad para almacenar durante miles de años.

Esto supondría cumplir con el principio de que “quien contamina, paga”. Aparentemente, y tras una postura inicial conciliadora, Washington ha cambiado de idea ya que temen sentar un precedente, y recibir reclamaciones parecidas desde otros lugares donde han realizado pruebas atómicas (numerosos en todo el mundo). Su propuesta es mantener la zona vallada mientras se realizan nuevos estudios que nadie sabe realmente en qué consisten.

Este asunto nos trae a la memoria las inolvidables fotografías del entonces ministro Manuel Fraga bañándose en la playa para demostrar que no temía a la radiactividad y que el accidente no suponía ningún riesgo. Pero en realidad, se trata de algo mucho más grave y de un problema muy actual: el de unas armas con inmenso poder destructivo que nadie sabe realmente cómo gestionar y controlar, y el de unos residuos que nadie sabe dónde almacenar.

El convenio entre España y EE UU para el uso de las bases militares de Morón y Rota, que se ha prorrogado un año más a inicios de febrero de 2011, contiene ahora una previsión que pretende evitar que un incidente de este tipo se repita. A partir de ahora, los aviones de EE UU tienen prohibido repostar en vuelo sobre nuestro territorio (fue una maniobra de este tipo la que causó aquel accidente).

El Pentágono también se ha comprometido ahora, de manera formal, a no almacenar en sus bases en España minas antipersonales, ni bombas de racimo, y a informar con carácter anual sobre qué productos explosivos tiene aquí almacenados (y puntualmente si hay cambios significativos). Éste es un avance más por parte de España a la hora de cumplir con los Tratados de Ottawa y de Oslo, y es positivo.

Pero ésta es otra  historia. El asunto de Palomares sigue pendiente.

Mabel González Bustelo, campaña de Conflictos y Medio Ambiente
Imagen cedida por M@re Nostrum