Los residuos radiactivos de alta actividad son un producto inevitable de las centrales nucleares. La industria nuclear los ha producido irresponsablemente sin saber qué hacer con ellos durante sus 50 años de existencia. Son un producto muy peligroso debido a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años (por ej. tendrán que pasar 482.000 años para que el plutonio-239 que se encuentra en estos residuos deje de ser radiactivo), y a su elevado potencial radiotóxico. Su mera existencia evidencia la insostenibilidad de la energía nuclear. Los residuos radiactivos suponen un grave problema ambiental y de salud pública, y también económico.
Teniendo en cuenta esto: ¿en qué mente cabe que un alcalde (y sus concejales) pueda (poniéndose de acuerdo sólo con el Ministerio de Industria) decidir la ubicación del cementerio nuclear para los residuos radiactivos de todas las centrales nucleares españolas? Sólo un mentecato puede pensar que eso sería viable en un país como España, sin provocar una enorme contestación social.
La estrategia del ministro de Industria, Miguel Sebastián, es la de tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir que algún municipio se ofrezca candidato a albergar el cementerio nuclear, sin importar si ese consistorio ha tenido en cuenta la opinión de la población de su municipio, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma, como mínimo. Además de resultar poco ético, el Gobierno debe entender que tratar de resolver así un problema tan grave como el de los residuos radiactivos es muy poco democrático.
El tema nuclear se trata en España como si este país fuera una república bananera: una en la que los ministros dejan en ridículo al Presidente del Gobierno. Zapatero, en el Debate del Estado de la Nación de 2006 en el Congreso de los Diputados dijo: “Y paralelamente también está el tema de los residuos [radiactivos], que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado”.
Curiosamente, Greenpeace coincide con Zapatero en que un problema de primer orden de magnitud, desde el punto de vista social, medioambiental y económico, como el de los residuos radiactivos, no se puede resolver sin un previo consenso social y político. Para que éste tenga garantías de éxito deben estar incluidos todos los agentes interesados, incluidas las organizaciones ecologistas. Lo preocupante es que el ministro Sebastián pase de lo que dice su jefe de filas y del programa de su partido. Pero esto es lógico dentro de una república bananera.
Carlos Bravo, responsable de la campaña de Anti-Nuclear de Greenpeace